Elena Castillo sobre la Ley de Juego: “Es una chapuza legislativa más de un Gobierno acostumbrado a gobernar a golpe de Real Decreto”

Así lo ha comunicado la diputada del GPP en la Comisión de Sanidad y Consumo, en el debate del Proyecto de Ley por el que se modifica la Regulación del Juego.

La diputada del GPP afirma que “el Partido Popular está de acuerdo en reforzar las funciones de la Dirección General de Ordenación del Juego con el fin de mejorar las medidas sobre juego seguro desarrolladas por los operadores y dirigidas a los grupos de jugadores en riesgo”. “Este Gobierno siempre nos encontrará en la defensa de los más vulnerables”, añade.

“Estamos de acuerdo en dotar de rango de ley las funciones de prevención y lucha contra el fraude y el amaño de los partidos, la protección de la integridad del deporte, de la ética deportiva y la integridad en los mercados de apuestas, que tiene asignado el Servicio de Investigación Global del Mercado de Apuestas”, destaca.

Denuncia que “esta modificación legislativa está incompleta y, por ello, presentamos una enmienda para permitir la aprobación de un plan que fije criterios homogéneos en materias tan fundamentales como: la prevención y defensa de los consumidores y usuarios en el sector del juego, la armonización de criterios en cuestión de competencia, así como en la publicidad”.

“A este Gobierno no le debe interesar la protección de la igualdad ni la prevención ni promoción del juego responsable. Ponen excusas vacías de contenido en vez de proteger a los usuarios y trabajadores, a los que crujen a impuestos destinado a pagar asesores”, sentencia.

Reprocha que “los socialistas han introducido, por la puerta de atrás, cinco enmiendas que nada tienen que ver con la regulación del juego, sino que entran directamente a modificar el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias para intentar paliar las chapuzas legislativas”.

La portavoz de Consumo del GPP, Carmen Riolobos, se refiere a las enmiendas introducidas y afirma que “es muy grave que el objetivo del Ministerio de Consumo sea centralizar las competencias sancionadoras para recaudar más y decidir con criterios políticos y de forma arbitraria a quién, cuándo, cómo y por cuánto se sanciona por infracciones en materia de consumo”. Además, que “va en detrimento de las autonomías y no se dispone de servicios de inspección y jurídicos”.

“La chapuza del Real Decreto 24 en materia de Consumo, en vigor desde el 28 de mayo, deja un agujero negro por donde pueden colarse los infractores, generando indefensión a los consumidores por liberar al infractor de la carga de la prueba”. “También rebaja las sanciones según la capacidad económica del infractor y no exige rectificar incumplimientos”, destaca.

Recrimina al Gobierno la imposición a las CCAA al “no utilizar la Comisión Sectorial de Consumo y la Sección de Normativa para dialogar, consensuar y permitir la participación de todos los actores en la reforma de competencias sancionadoras”.

Acusa al Gobierno de “abusar de los reales decretos” y de la técnica legislativa de la “morcilla” para “modificar y enmendar leyes sin rigor, incumpliendo las reglas básicas de homogeneidad y congruencia de conformidad con doctrina del Tribunal Constitucional”.