El Gobierno amenaza a los loteros para que no vayan a la huelga

El Congreso aprueba la disposición que propicia la privatización del juego del Estado. Una administración media factura entre uno y tres millones de euros anuales.

La confusión en el sector es absoluta. Los loteros, igual que los sindicatos y los partidos de la oposición, no dudan, a estas alturas, de que el Ejecutivo tiene ultimada la privatización encubierta de los juegos de apuestas estatales, pero no entienden que el Ministerio de Economía lo siga negando.

LA GACETA publicaba en rigurosa primicia, el pasado 28 de octubre, un reportaje titulado ?El Gobierno quiere privatizar la Lotería sin hacer demasiado ruido?, que terminó de poner en pie de guerra a los responsables de las 4.000 administraciones existentes en España. El problema es que, consultados ahora, cuando todos los medios de comunicación prácticamente se han hecho eco de la información de este periódico «excepto los que siguen consignas expresas de Moncloa», la sensación es que hay menos ganas de hablar que hace unos días. Uno de los motivos, explica a La Gaceta el diputado del PP Antonio Gallego, es que «se está negociando la posibilidad de crear la figura de un intermediario entre Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y los puntos de venta, que sería una tabla de salvación para algunos concesionarios». Sin embargo, la intención del departamento que dirige Elena Salgado pasa por «cargarse las administraciones de toda la vida para luego poder vender la Lotería a alguna de las empresas extranjeras que buscan quedarse con la gallina de los huevos de oro que es la LAE». Quien así habla, se llama María; María a secas, que teme a las represalias de sus colegas, y por eso nos pide que su apellido no sea publicado. Esta lotera de Andalucía asegura que «el ambiente está muy enrarecido entre nosotros mismos. Algunos están cediendo al chantaje de la LAE y no sabes de quién fiarte y de quién no».

Disparidad de criterios
Es cierto que las patronales se muestran divididas. Asociaciones como ANAPAL, FENAPAL y APLA han convocado para hoy una concentración en la sede de Loterías, aprovechando la presentación del Sorteo de Navidad, como paso previo a una huelga más que probable. Su objetivo es que el Gobierno aborte ?la reforma de los juegos públicos mediante su comercialización bajo normas de derecho privado?, según consta en las disposiciones adicionales 32 y 34 de los Presupuestos Generales del Estado para 2010, que ayer aprobaba el Parlamento. «Menos mal»explica Gallego «que los populares hemos conseguido pactar con el PSOE una enmienda según la cual las modificaciones legales contempladas habrán de asegurar el respeto a los derechos adquiridos de los titulares de puntos de venta y delegaciones». Mejor que nada, aunque eso no disipa el miedo a que los loteros pierdan la exclusividad. Ése es el principal chantaje de la LAE, más allá de lo que se cuece en torno a la figura del intermediario. «Dónde se ha visto que Loterías pretenda ser fábrica y a la vez vender al detail», se pregunta

Elena de la Cámara, presidenta de PIDAL. Su patronal, como AGALAE y FENAMIX no secundarán la movilización de hoy en la LAE para no perjudicar la imagen de las administraciones de lotería. Unas administraciones que vienen a facturar entre el millón y los tres millones de euros anuales. No está mal, pensará más de uno, aunque no es oro todo lo que reluce.