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Resolución de 9 de junio de 2023, de modificación de la Resolución de 28 de abril de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras del procedimiento para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de programas de cumplimiento normativo (compliance) en materia de competencia de las empresas.
En fecha 13 de mayo de 2022, se publicó en el DOGC núm. 8667 la Resolución, de 28 de abril de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras del procedimiento para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de programas de compliance en materia de competencia de las empresas.
La aplicación práctica de estas bases reguladoras aconseja hacer algunas modificaciones que conllevarán dar más dinamismo y eficacia —y más transparencia— a la línea de subvenciones de la ACCO para programas de compliance en materia de competencia de las empresas, teniendo en cuenta, además, la experiencia adquirida con la publicación de la primera convocatoria en el año 2022.
Así, se considera adecuado ampliar el abanico de empresas que puedan acogerse a las subvenciones con independencia de su tamaño, de manera que aquellas que no sean una pyme también puedan ser beneficiarias de la ayuda, todo ello con la finalidad de fomentar el desarrollo de estos programas de compliance sobre competencia en el ámbito de todas las empresas privadas y, en última instancia, en el conjunto del tejido empresarial existente.
También se considera conveniente establecer un periodo de ejecución más corto de los programas de compliance subvencionados, dada la experiencia acumulada en la gestión y justificación de las subvenciones otorgadas mediante esta línea de ayudas.
Asimismo, se ha considerado necesario aclarar el sentido de algunas de las bases reguladoras, básicamente relacionadas con el objeto subvencionable y los requisitos y condiciones que deben cumplir las empresas solicitantes, con el fin de incrementar la seguridad jurídica de estas empresas interesadas.
En resumen, las presentes modificaciones se avienen con el objetivo final de instaurar en la empresa privada en general una verdadera cultura de cumplimiento normativo referido a la defensa de la competencia, y de conseguir una gestión pública eficaz y transparente de estas subvenciones.
Por todo lo expuesto, vistos el informe jurídico favorable y la fiscalización positiva de la Intervención delegada, y de conformidad con las funciones que me han sido otorgadas por la Ley 1/2009, de 12 de febrero, de la Autoridad Catalana de la Competencia.
