Los loteros estudian una huelga antes del sorteo de Navidad

Consideran que el Ejecutivo prepara la privatización del sector

Los loteros estudian convocar una huelga antes del sorteo de Navidad ante la previsión de que el Ejecutivo ultime la privatización del sector. Reclaman una nueva ley de juego estatal. El próximo sorteo de lotería de Navidad puede ser más incierto de lo habitual. El porqué hay que buscarlo en las administraciones de lotería que expenden los boletos, ya que estudian convocar una huelga con la que manifestar su oposición a la reorganización del sector que planea llevar al cabo el Ejecutivo. En concreto, los populares loteros pretenden que se dé marcha atrás en dos disposiciones adicionales de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2010 (la 32 y la 34). Éstas obligarían a las 4.000 administraciones de lotería a elegir a partir del próximo 1 de enero si permanecen bajo el actual régimen de concesiones administrativas o pasan al régimen privado, que será obligatorio para las administraciones que se pongan en marcha a partir del próximo año. «Nuestro objetivo es que clarifiquen qué es lo que quieren, cómo y en qué plazos, porque no tenemos ningún documento por escrito», explicaba ayer el presidente de la Agrupación Nacional de Administraciones de Loterías (Anapal), Manuel Izquierdo.

El objetivo de los loteros es conseguir que el pleno del Congreso -que se celebrará previsiblemente el 22 de diciembre, el mismo día del sorteo de Navidad, y en el que se deben aprobar definitivamente los Presupuestos- elimine estas disposiciones adicionales. «Si quieren privatizar el sector que lo hagan, pero no de tapadillo, sino que preparen primero una ley del juego público en la que se acuerde con todos los afectados los cambios necesarios», explica Manuel Izquierdo. Los loteros quieren convocar el paro antes de que concluya 2009, aunque asumen las dificultades legales.

En concreto, Izquierdo explica que la regulación del sector data de 1956 y las sanciones que podría suponer una huelga son muy graves, ya que la apertura de un expediente administrativo podría conllevar la pérdida de la concesión. 1.300 administraciones en el aire. Como telón de fondo a las críticas de los titulares de las administraciones de lotería contra la reorganización del sector está, sobre todo, el impacto que ésta puede tener sobre el empleo. En concreto, el presidente de la patronal del sector, Anapal, cree que si los Presupuestos Generales del Estado incluyen finalmente la creación de puntos de venta privados podrían desaparecer alrededor de 1.300 administraciones. «En mi opinión lo que pretenden es que se pueda vender lotería tanto en las grandes superficies, como en los quioscos o en las gasolineras», afirmaba ayer Manuel Izquierdo tras la protesta que los loteros realizaron ante las puertas del Ministerio de Economía y Hacienda.

Sin embargo, el director comercial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), Juan Antonio Gallardo, aseguraba a Europa Press que es «absolutamente falso» que se quiera privatizar el sector. Apuntó que el cambio al régimen privado es «voluntario» para las administraciones que estén funcionando el 1 de enero y que sólo «los puntos de venta oficiales» podrán comercializar juegos de LAE, aunque no especificó cuáles tendrán esta consideración.

Los loteros estudian convocar una huelga antes del sorteo de Navidad ante la previsión de que el Ejecutivo ultime la privatización del sector. Reclaman una nueva ley de juego estatal.

El próximo sorteo de lotería de Navidad puede ser más incierto de lo habitual. El porqué hay que buscarlo en las administraciones de lotería que expenden los boletos, ya que estudian convocar una huelga con la que manifestar su oposición a la reorganización del sector que planea llevar al cabo el Ejecutivo.

En concreto, los populares loteros pretenden que se dé marcha atrás en dos disposiciones adicionales de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2010 (la 32 y la 34). Éstas obligarían a las 4.000 administraciones de lotería a elegir a partir del próximo 1 de enero si permanecen bajo el actual régimen de concesiones administrativas o pasan al régimen privado, que será obligatorio para las administraciones que se pongan en marcha a partir del próximo año. «Nuestro objetivo es que clarifiquen qué es lo que quieren, cómo y en qué plazos, porque no tenemos ningún documento por escrito», explicaba ayer el presidente de la Agrupación Nacional de Administraciones de Loterías (Anapal), Manuel Izquierdo.

El objetivo de los loteros es conseguir que el pleno del Congreso -que se celebrará previsiblemente el 22 de diciembre, el mismo día del sorteo de Navidad, y en el que se deben aprobar definitivamente los Presupuestos- elimine estas disposiciones adicionales. «Si quieren privatizar el sector que lo hagan, pero no de tapadillo, sino que preparen primero una ley del juego público en la que se acuerde con todos los afectados los cambios necesarios», explica Manuel Izquierdo. Los loteros quieren convocar el paro antes de que concluya 2009, aunque asumen las dificultades legales. En concreto, Izquierdo explica que la regulación del sector data de 1956 y las sanciones que podría suponer una huelga son muy graves, ya que la apertura de un expediente administrativo podría conllevar la pérdida de la concesión.

1.300 administraciones en el aire
Como telón de fondo a las críticas de los titulares de las administraciones de lotería contra la reorganización del sector está, sobre todo, el impacto que ésta puede tener sobre el empleo. En concreto, el presidente de la patronal del sector, Anapal, cree que si los Presupuestos Generales del Estado incluyen finalmente la creación de puntos de venta privados podrían desaparecer alrededor de 1.300 administraciones. «En mi opinión lo que pretenden es que se pueda vender lotería tanto en las grandes superficies, como en los quioscos o en las gasolineras», afirmaba ayer Manuel Izquierdo tras la protesta que los loteros realizaron ante las puertas del Ministerio de Economía y Hacienda. Sin embargo, el director comercial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), Juan Antonio Gallardo, aseguraba a Europa Press que es «absolutamente falso» que se quiera privatizar el sector. Apuntó que el cambio al régimen privado es «voluntario» para las administraciones que estén funcionando el 1 de enero y que sólo «los puntos de venta oficiales» podrán comercializar juegos de LAE, aunque no especificó cuáles tendrán esta consideración.