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16 diciembre, 2009El PP aprovechará la última sesión de control parlamentario al Gobierno, prevista el próximo miércoles en el Congreso, para preguntar al Ejecutivo por la modificación del sistema de venta de décimos de loterías, muy criticada por las administraciones. La pregunta irá dirigida a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado.
La disposición adicional 34 de la Ley de Presupuestos de 2010 indica que las administraciones de loterías pasarán a estar sometidas a los principios de publicidad y concurrencia que consagra el Derecho Privado en lo que se refiere a la selección, contratación, extinción y régimen jurídico. Los actuales titulares que no quieran asumir ese cambio, según se establece, podrán seguir igual pero sólo «hasta el fallecimiento, jubilación, renuncia o cese del titular».
Esta modificación, que para los loteros supone la «privatización» del sector, ha llevado incluso al presidente de la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administraciones de Lotería (ANAPAL), Manolo Izquierdo, a asegurar que «se está estudiando muy seriamente el tener una primera huelga en la vida de los Administraciones de Lotería».
Tanto la portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, como el diputado Antonio Gallego, que hará la pregunta a Salgado, han venido manteniendo reuniones con representantes del sector, no sólo ANAPAL sino también APLA y FENAPAL.
Para el PP, el PSOE ha tratado de cambiar «de tapadillo» el régimen de las administraciones de lotería, «sin un diálogo profundo con el sector», imponiendo su adaptación al derecho privado y poniendo fecha de caducidad a las concesiones vitalicias.
10.000 empleos en peligro
Gallego, diputado del PP por Barcelona, ya indicó que, con esa disposición, «el Gobierno Socialista pone en peligro la estabilidad y los derechos de los concesionarios de puntos de venta de Loterías y Apuestas del Estado». «Pretenden cambiar el modelo de concesión administrativa vitalicia por el de sociedades mercantiles al uso, reguladas por el derecho privado, a los más de 4.000 titulares de la Red Básica», denunció.
A su juicio, esta disposición supone «mermar el patrimonio de los concesionarios» y además «deja la puerta abierta a acabar con la condición vitalicia y hereditaria de la concesión» y «no aclara si se van a respetar los derechos adquiridos por los operadores a lo largo de toda su vida, ni las condiciones que regularan el ‘nuevo’ contrato mercantil que les están ‘invitando’ a firmar, si se respetarán o no los actuales ratios por habitantes, a fin de determinar la habilitación de nuevos puntos de venta».
Para el diputado del PP, «todos estos elementos han llenado a este importante sector de incertidumbre y perjudica claramente sus intereses particulares». «En esta situación de crisis económica no consideramos razonable que se aborden estos temas desde la más absoluta frivolidad, ya más de 10.000 puestos de trabajo dependen de este sector en España», apostilló.
