El Gobierno exigirá solvencia financiera al juego online

La ley del juego estará lista antes de julio y las comunidades recibirán un porcentaje de los ingresos fiscales

El Gobierno ha reiterado su intención de permitir a las comunidades autónomas hacerse con un porcentaje de los ingresos fiscales que aporten las apuestas a través de internet, una vez esté regulado este sector.

Como adelantó este diario el lunes, el Ejecutivo quiere tener lista la nueva ley del juego antes del verano, coincidiendo con la Presidencia Española de la UE. El director general de Apuestas y Loterías de Estado (LAE), Gonzalo Fernández, afirmaba ayer a Europa Press que el Gobierno siempre ha querido dar cabida a las autonomías en el reparto fiscal del juego online. Sin embargo, no desveló detalles respecto a cómo se llevará a cabo esta distribución de ingresos fiscales. En ese sentido no explicó si la recaudación correrá a cargo del Estado o de las comunidades ya que, por el momento, sólo se llevó a cabo la pasada semana una reunión de la Comisión Sectorial del Juego, en la que están presentes todos los implicados del sector, a excepción de las empresas de apuestas online a causa de su actual situación de alegalidad. El director de LAE reconoce que aún no existe un borrador del futuro anteproyecto. Sí explicó que, al igual que sucede en países como el Reino Unido, se exigirá a los operadores de apuesta en la red que cumplan una serie de requisitos y podrán ser sancionadas en caso de infracción. Por ejemplo, González adelantó que sólo podrán operar «empresas serias y solventes tanto económica como técnicamente». Además, señaló que estas compañías deberán «aportar una serie de garantías económicas y técnicas» y se supervisará que los operadores no permitan el «acceso a menores o gente que está excluida voluntariamente de jugar». Mientras, la Confederación Empresarial del Juego del Bingo en España ha presentado una denuncia ante el Ministerio del Interior en la que piden el «cierre inmediato» de las páginas de apuestas por Internet hasta que se apruebe una Ley del Juego Público, ya que, a su juicio, están «actuando de manera ilegal».