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Cuando Gonzalo Fernández Rodríguez –un abogado del Estado con carné del PSOE desde hace 25 años – desembarca en LAE en julio de 2006, lo hace con el encargo de preparar la privatización de la Lotería Nacional en el menor tiempo posible. Lo que ocurre es que, tres años y medio después, el proyecto se encuentra bastante más retrasado de lo que le gustaría al Ministerio de Economía. Es por lo que el Gobierno se ha visto obligado a ichar para que le ayude a otro abogado del Estado, Juan Carlos Alfonso Rubio que, desde su puesto al frente de la asesoría jurídica de Correos, impulsó aquella privatización.
Ahora, al mando de la Dirección de Coordinación de LAE (cargo que ostentaba antes Juan Antonio Gallardo López, actual director comercial del organismo) lo primero que le toca hacer es poner en orden la casa. Porque, aunque las negociaciones con los operadores nacionales y extranjeros que aspiran a repartirse la gallina de los huevos de oro sigue su curso, en el seno de Loterías y Apuestas del Estado se multiplican los problemas. La primera decisión de calado que se ha adoptado en 2010, por ejemplo, ha creado un gran malestar.
La dirección ha optado por cambiar la imagen corporativa del organismo sin avisar previamente ni a los trabajadores ni a los loteros. A partir de ahora, LAE pasa a denominarse LE; se elimina la A de apuestas en un claro guiño a Bwin, empresa a la que el Ejecutivo de Zapatero ha prometido una de las licencias que concederá tras la inminente legalización del juego online. La Mesa de Asociaciones de Administradores de Loterías lo interpreta como el gesto definitivo que confirma que la privatización está hecha, por mucho que el director general de LAE, el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, y la propia vicepresidenta Salgado insistan en negarlo por activa y por pasiva.
Secreto total
Más allá del rechazo que la operación suscita en el sector (sobre todo porque el precio de 30.000 millones de euros que reveló LA GACETA el pasado 27 de enero resulta “ridículo”), el secretismo con que se está trabajando tiene en pie de guerra a todos los actores implicados. “Desde que llegó, Gonzalo Fernández se ha preocupado de garantizar que nadie se entere de nada. Recibe a las secciones sindicales a regañadientes, raras veces da la información que se le pide y en las reuniones, se asegura de que no conste nada por escrito”. Quien así habla forma parte de la plantilla de LAE, compuesta por casi 600 trabajadores (unos 150 funcionarios; el resto es personal laboral).
“Además, el director general ha incurrido en una serie de irregularidades que no deberían quedar impunes”. Se refiere la fuente consultada, entre otros escándalos internos, a la duplicidad de puestos denunciada por la CGT ante la Fiscalía Provincial de Madrid. Según el sindicato, entre 2007 y 2009, el organismo “contrató a tres asesores externos para desempeñar las funciones adjudicadas a otros tantos empleados públicos con cargos de directores adjuntos”. La retribución anual de cada uno de ellos – siempre según los datos de la Confederación General de Trabajadores – rondaba los 150.000 euros anuales.
Mención aparte en este capítulo merece el caso de Julio González Ronco, actual director de la Fundación del Real Madrid, que a finales de 2006 recibió el encargo de Fernández de poner en marcha la Fundación de LAE, que “a día de hoy, ni ha visto la luz ni parece que esté en la agenda de los gestores del organismo”.
A dedo
Otra de las irregularidades denunciadas por la CGT tiene que ver con los 72.000 euros adicionales al convenio colectivo, aprobados en noviembre de 2008 en concepto de productividad por objetivos. El sindicato sospecha que “la dirección ha repartido ese dinero a dedo, dejando fuera a los trabajadores fijos discontinuos, que son los que más lo necesitan”.
Y por si todo ello fuera poco, a los representantes sindicales tampoco les consta que la dirección de LAE haya subsanado las anomalías en sus resultados del ejercicio 2006 denunciadas en su día por el Tribunal de Cuentas. “En 200 años de existencia, nadie había dicho nada malo del gestor de las loterías estatales. Gonzalo Fernández lo ha puesto todo patas arriba”, comentan las fuentes referidas.
No obstante, lo que no se le perdona al todavía director general de LAE (hay quien ya le da por amortizado) es que mire hacia otro lado cuando se le pregunta por la privatización de la Lotería Nacional. Cuando LA GACETA destapó los planes del Gobierno al respecto, algunos miembros del comité de empresa colgaron el reportaje en todos los paneles informativos del organismo y la única respuesta que obtuvieron de Fernández es que no debían hacer caso porque “ése es un diario sin credibilidad que no lee nadie”.
Igual que en ocasiones anteriores, este periódico ha intentado sin éxito recabar el punto de vista de la dirección de LAE. Por el momento, nadie viola la ley del silencio impuesta por el máximo responsable de Loterías y Apuestas del Estado.
La irritación de los loteros va en aumento
La Mesa de Asociaciones de Administradores de Loterías que preside Manuel Izquierdo, no da crédito a lo que está sucediendo. En su afán por negar que la privatización está a la vuelta de la esquina, los directivos de LAE incurren en un sinfín de contradicciones que dan lugar a “encuentros surrealistas” en palabras de los representantes del colectivo. El pasado 3 de febrero, sin ir más lejos, los responsables de la Mesa eran convocados a una reunión en la sede del organismo en la que debía abordarse cómo será el futuro contrato mercantil llamado a regular las relaciones entre LAE y los administradores de Loterías que opten por ese régimen privado. Los problemas llegaron cuando los convocados solicitaron el orden del día y el acta de la reunión. ” ¿Acta para qué, si no hace falta?”, les contestó Gonzalo Fernández. Lo siguiente fue preguntar si el encuentro tenía carácter informativo o negociador, a lo que se respondió que lo primero. “¡Si no nos quisieron dar el borrador del contrato!”, se quejan los loteros.
Y los representantes de la Mesa optaron por atacar el fondo de la cuestión: “¿Qué tiene que decir LAE de la información de LA GACETA del 27 de enero relativa a la venta de Loterías por 30.000 millones de euros?”. La respuesta:”Lo desmentimos, aunque no pondremos nada por escrito”. Visto lo visto, los loteros abandonaron la reunión.




