La industria del juego, sin ley y en pie de guerra

Las apuestas online son la gran china que tenemos en el zapato». Como una piedrecita que molesta y que ha llegado para quedarse, así valora el sector del juego tradicional (los bingos o las tragaperras) a su competidor a través de la red. Una incomodidad que le ha llevado a presentar batalla ante las administraciones públicas.

Las hostilidades se iniciaron el pasado lunes cuando la Asociación Española de Casinos de Juego, la Confederación Española de Organizaciones del Juego del Bingo y la Confederación Española de Empresarios del Juego desvelaron que han presentado sendas denuncias ante los responsables del juego de las 17 comunidades autónomas, así como ante el Ministerio del Interior y la Agencia Tributaria.

Consideran que el juego online está operando de forma ilegal y reclaman que se tomen medidas ante la «parálisis» del Ejecutivo para poner en marcha una ley que regule las apuestas a través de internet y que el sector espera desde la llegada al Palacio de la Moncloa de Rodríguez Zapatero cuando la nueva legislación se consideraba «inminente». Pero ésta no ha llegado y, previsiblemente, no lo hará a corto plazo a pesar de que el Gobierno había asegurado que estaría lista antes del mes de julio. Una circunstancia que ha llevado a las comunidades a hacer la guerra por su cuenta y ha poner en marcha legislaciones autonómicas.

Pero bingos y tragaperras asumen que tienen muchas papeletas para perder esta batalla. Aún no han recibido respuesta por parte de las administraciones, a pesar de haber solicitado medidas cautelares inmediatas contra los operadores online. Por ejemplo, la retirada de toda la publicidad que realizan las empresas y que obligaría al Real Madrid -y a otros equipos de fútbol como el Sevilla o el Málaga- a retirar la publicidad de sus camisetas. En el caso del equipo merengue, su patrocinador es el operador austriaco Bwin, que paga cerca de 20 millones de euros por temporada. De hecho, la demanda de los operadores de juego tradicional se ha presentado exclusivamente contra las firmas online que realizan publicidad en eventos deportivos. Al actuar contra ellas no sólo consiguen visibilidad sino que pueden aducir que estas empresas vulneran la legalidad con este tipo de patrocinios.

Es decir, la ausencia de un marco legal es la que realmente ha creado y alentado la batalla entre los operadores de juego. Todos, independientemente de que operen el locales o a través de la red, reclaman una regulación que ponga orden a un sector donde la alegalidad es el paraguas bajo el que todos se refugian. Sin olvidar los impuestos.

Aunque resulte paradójico, los operadores de juego online quieren pagar impuestos en España. Realmente, sólo se trataría de un cambio de domicilio. «Nosotros ya estamos pagando, pero en otros sitio», apunta la Aedapi, la asociación que engloba a los operadores de juego online en España. De hecho, los impuestos son la clave principal detrás de esta disputa. Una vez se regule el sector, los operadores online tendrán previsiblemente una fiscalidad que rondaría el 10% (ése es, por ejemplo, el gravamen que las apuestas deportivas en la Comunidad de Madrid, donde el sector ya está regulado).

De ser así, este porcentaje queda muy por debajo del 24% que soportan actualmente los bingos. La confederación que agrupa a estas salas explica que los ingresos medios de un bingo rondan los cuatro millones de euros. De ellos, un millón va directamente a Hacienda y de los tres millones restantes, alrededor del 60% se destina al pago de premios. Y si al final no se atienden sus reclamaciones, el sector del juego tradicional quiere ir un paso más allá. Su intención es ir a la Fiscalía General del Estado para que ésta habrá diligencias informativas ante lo que consideran «connivencia» de la Administración. Nadie quiere llegar a ese punto.