La lotería nacional se la juega

Un sector de loteros rechaza el cambio que el Gobierno impulsa en las administraciones para acabar con su carácter de concesión estatal y permitir la venta en quioscos y bares

La Administración de Loterías y Apuestas del Estado quiere dar una vuelta de tuerca a su relación con sus vendedores y sus clientes. Este organismo, que depende del Ministerio de Economía y Hacienda, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que las administraciones de lotería puedan pasar a tener la categoría de entidades mercantiles, en lugar de ser negocios ligados de forma directa a concesiones que otorga el Gobierno central. Mientras, en el lado de los compradores, pretende cambiar la forma de adquirir billetes de lotería nacional aprovechándose de las posibilidades que ofrece internet y abriendo la puerta a que los establecimientos mixtos (como estancos o bares) puedan también venderlos. Esta venta se haría, explican fuentes del sector, a través de unos terminales electrónicos que permitirán a los clientes adquirir tiques sobre números que no estén a la venta en las administraciones.

Estas dos medidas, incluidas en los Presupuestos Generales del Estado para 2010, pero que se irán aplicando de forma progresiva en los próximos meses, han provocado una fractura en el sector. Una parte de los loteros defiende las bondades del proyecto, pero otra denuncia que se trata de los primeros pasos para llevar a cabo una privatización de las loterías españolas. El malestar se transformó hace varias semanas en un cierre patronal por parte de los administradores de loterías, el primero en la historia en España. El seguimiento del paro estuvo en Asturias por debajo de la media nacional, fijada en torno a un 50 por ciento por los propios convocantes.

Los loteros tienen ahora un plazo de dos años para elegir si quieren ser una entidad mercantil, una empresa al uso o seguir como una concesión del Estado.

Las voces a favor del proyecto defienden que, gracias a este mecanismo, se facilitará la transmisión de la empresa de padres a hijos o la venta de la compañía a un tercero. Hasta ahora, para que esto se produjera había que cumplir una serie de estrictos requisitos y que la Administración central diera su visto bueno al traspaso de la concesión. La concesión implica también otras ataduras para los loteros. Su jefe, el Estado, puede llegar a multarlos si no están en sus puestos de trabajo. El organismo público de Loterías defiende que mediante el nuevo contrato mercantil, los empresarios que decidan acogerse a él podrán hacer su negocio «más suyo y más rentable». El sector más crítico de los loteros considera que este cambio de concesiones a entidades mercantiles puede provocar que la administración de loterías acabe en manos de una sola empresa privada que gestione todo el dinero del juego.

El organismo Loterías del Estado defiende, por su parte, que urge llevar a cabo estas medidas porque la Unión Europea lo exige. De hecho, España es el único país del club europeo en el que las administraciones de lotería siguen siendo concesiones del Estado y en el que la venta de boletos de lotería se circunscribe únicamente a estos establecimientos.

Más a corto plazo, en algo más de un mes más de 6.000 puntos de venta mixtos (quioscos, librerías, estancos…) en España podrán vender lotería nacional.

Para Hacienda, las medidas suponen un paso hacia la modernización del sector, mientras que para los loteros la propuesta acabará con el décimo tradicional, que aporta el 55 por ciento de los ingresos de estas compañías, y les obligará a compartir sus ventas de lotería nacional con los puntos mixtos. El organismo lotero rechaza de plano las acusaciones de muchos de los administradores y defiende que el décimo seguirá siendo la columna vertebral de este juego, pero defiende que deben aprovecharse las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías.

El director comercial de Loterías y Apuestas del Estado, Juan Antonio Gallardo, aseguró recientemente que una de las ventajas de la nueva normativa es que el jugador que se acerque a un punto de venta podrá pedir cualquier número. En el caso de que se venda en esa administración, el lotero dará al comprador un décimo tradicional, pero si se vende en otro punto de España recibirá un tique similar al de la quiniela o la primitiva.

Una de las principales críticas de los que rechazan las medidas que pretende impulsar el Gobierno pasan por la falta de diálogo de Loterías y Apuestas del Estado. Aun así, este organismo defiende que sí, que ha mantenido reuniones periódicas con los loteros y afirma que está abierto a seguir negociando, Gonzalo Fernández, director general de Loterías y Apuestas del Estado, aseguró recientemente en declaraciones al diario económico «Expansión» que «tenemos una normativa antigua sobre nuestra red de ventas». Y apuntó: «En toda Europa todos los puntos de venta tienen un contrato mercantil como el que proponemos.

No nos podemos quedar atrás. Aportará más libertad a la red de loterías y las personas de avanzada edad tendrán posibilidad de capitalizar su licencia». El PP ha reclamado al Gobierno en el Senado que elabore de forma urgente una ley de Juego Público para evitar lo que denominan una «privatización de tapadillo» del sector.

A pesar de las dificultades económicas, el mercado de las loterías goza en España de buena salud. El año pasado el gasto por español en lotería nacional ascendió a 699 euros. El resto de juegos (la quiniela, el quinigol, bonoloto, la primitiva, el gordo, euromillones y las apuestas hípicas) pesa menos del 45 por ciento en la facturación global del sector. La crisis no ha afectado demasiado a las ventas. Según los datos del Gobierno central, la caída durante el año pasado, el peor de la recesión, fue sólo del 2 por ciento. Las administraciones de lotería se llevan una comisión fija del 6 por ciento por boleto. En 2009, las ventas de estos establecimientos reportaron unos 3.000 millones de euros de beneficio a las cuentas del Estado.