El Gobierno descuida la Ley Antitabaco a cinco meses de endurecerla

Su observatorio se ha reunido tres veces en cuatro años y su presupuesto se reduce a la mitad en 2011

El Ejecutivo lo tiene claro: el 1 de enero de 2011 ya no se podrá fumar en ningún lugar público. Se endurecerá, de este modo, la Ley Antitabaco de 2006, que eliminó los cigarrillos de todos los lugares de trabajo y de parte de la hostelería. Pero la reforma no quiere decir que la ley actual esté superada. De hecho, todo indica que la ley va a morir sin haber llegado a cumplir sus objetivos (apenas se ha reducido el número de fumadores).

Y el Gobierno va a darle carpetazo sin haber hecho sus «deberes» al respecto. Y es que apenas se han producido inspecciones y sanciones desde su entrada en vigor. En relación a este asunto, el Gobierno respondió hace unas semanas a una pregunta en el Senado al PP que son las comunidades autónomas las que «ejercerán las funciones de control e inspección». Una verdad a medias, ya que la ley preveía crear el Observatorio para la Prevención del Tabaquismo como órgano velador del cumplimiento de la ley.

En la práctica, las comunidades han actuado de forma dispar, y mientras algunas, como Cataluña y Andalucía, realizaron inspecciones y sancionaron, al menos al inicio de la ley, otras no han llevado a cabo ninguna inspección.

El prometido observatorio sí se creó. Pero su papel, en estos cuatro años, ha sido residual. De hecho, sólo se ha reunido tres veces en más de cuatro años y medio, y no ha tomado ninguna decisión relevante. Desde Sanidad aseguran que se ha reunido «las veces que se han considerado necesarias», pero destacan su papel en la toma de decisiones.

Por otro lado, la Ley estipulaba que entre las funciones del observatorio estaría «elaborar un informe anual sobre la aplicación y cumplimiento». Tampoco en este punto se ha cumplido lo previsto, pues no ha elaborado un solo informe. No parece que esta dinámica vaya a cambiar, pues el Gobierno prevé reducir a la mitad el presupuesto del organismo en 2011, justo cuando entra en vigor la reforma: de 428.000 euros pasará a 214.200, de acuerdo con datos de Sanidad. En cuanto a las campañas informativas sobre el tabaquismo, han sido escasas. Sobre todo, en los últimos tiempos. El Ejecutivo sólo ha llevado a cabo dos campañas nacionales de prevención, ambas en los dos primeros años de la normativa. El Ministerio alude a la «política de austeridad» para explicarlo.

Teléfono desaparecido
Con ocasión de una de estas campañas, se habilitó un número de teléfono para ayudar a fumadores a dejar el hábito. A día de hoy, el teléfono no está operativo, si bien es cierto que el número redirige a una oficina de atención al ciudadano del Ministerio, donde, si lo desea, recibe información sobre la ayuda para dejar de fumar.

Una ayuda que pocas veces es pública. Sólo autonomías como Navarra y La Rioja, facilitan los fármacos antitabaco. Otras han reclamado en el Consejo Interterritorial financiación al Ministerio para darlos, pero Sanidad cree que la medida sería demasiado cara.