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Los operadores de Juego tendrán que contribuir a financiar la nueva Autoridad Nacional de Integridad Financiera (ANIFI), el organismo que sustituirá al actual SEPBLAC. El Gobierno prevé que la nueva autoridad disponga de un presupuesto de unos 50 millones de euros anuales, que será sufragado mediante una tasa a los sujetos obligados, entre ellos las empresas de Juego.
La nueva tasa afectará a los operadores de Juego presenciales y online, junto a bancos, aseguradoras, gestoras, entidades de pago y plataformas de criptoactivos, entre otros. No será una cantidad fija para todas las empresas, sino que se calculará en función del activo total de cada sujeto obligado.
El importe tendrá, no obstante, un límite máximo de 1,5 millones de euros anuales por entidad. La recaudación total de la tasa deberá cubrir el presupuesto de funcionamiento de ANIFI, por lo que el coste de la nueva estructura antiblanqueo recaerá sobre los sectores sometidos a estas obligaciones y no sobre el contribuyente.
El devengo de la tasa está previsto para el 1 de febrero de cada año. Notarios y registradores quedarán excluidos de este nuevo gravamen.
La creación de ANIFI forma parte de la reforma integral del sistema español de prevención del blanqueo de capitales. La nueva autoridad concentrará funciones que actualmente están repartidas entre el SEPBLAC y otros organismos y asumirá competencias de inteligencia financiera, supervisión, inspección y potestad sancionadora.
El cambio responde también a las advertencias realizadas desde Europa sobre el actual sistema de financiación del SEPBLAC. El Banco Central Europeo (BCE) señaló en su informe anual de 2024 que el mecanismo vigente podía no ajustarse completamente a las restricciones europeas sobre financiación monetaria.
El Tribunal de Cuentas también había advertido de la falta de medios humanos, tecnológicos y financieros suficientes del SEPBLAC.
La nueva autoridad también podrá obtener ingresos de las sanciones que imponga, aunque el anteproyecto establece límites. ANIFI podrá destinar a su financiación hasta el 10% de lo recaudado en multas, siempre que esa cantidad no supere el 5% de su presupuesto anual.
El dinero que exceda esos límites deberá ingresar en el Tesoro Público.
El anteproyecto de ley se encuentra actualmente en fase de audiencia e información pública, por lo que el modelo todavía está sujeto a su tramitación.
Los operadores de Juego tienen hasta el 30 de septiembre de 2026 para presentar alegaciones y propuestas al Ministerio de Economía a través del formulario habilitado para este proceso.
Fuente: AzarPlus, 3 de septiembre
