Dos altos cargos de la Generalitat, imputados por malversar fondos

El director de Juegos y Apuestas fraccionó facturas para evitar el concurso público

Una nueva investigación judicial sacude a altos cargos de la Generalitat. Esta vez, la Justicia señala a la Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA) -la lotería catalana- y a sus contrataciones, que se habrían fraccionado para saltarse el concurso público. Un juzgado de Barcelona ha imputado por posibles malversación y prevaricación al director general de la EAJA, Jordi Aragonés, y a la responsable de unidad comercial, Pilar Martín.

En la causa también han declarado como imputados el administrador y dos directivos de la empresa Shackleton, dedicada a servicios de publicidad y comunicación. Fuentes judiciales explicaron a este diario que la investigación parte de una denuncia de 2010, cuando Aragonés era coordinador general de la EAJA y Pilar Martín, directora de marketing, aunque con las mismas funciones que ahora.

De entrada, el juzgado investiga si «se adjudicaron a dedo» a esta empresa de publicidad «la prestación de servicios y suministros por un importe de 84.419 euros más IVA, sorteando el cumplimiento de la legalidad». La denuncia, presentada por la acusación que ejerce el letrado Manuel González Peeters, considera que las presuntas irregularidades se cometieron de dos formas. Por un lado, la empresa de publicidad Shackleton fraccionó facturas a pagar por la Administración pública de manera que los importes no superaran los 18.000 euros, el límite previsto como contrato menor. De esta manera, se evitaba seguir el trámite de concurso que prevé la Ley de Contratos del Sector Público.

Se da el caso que otra empresa con el mismo domicilio social, representantes legales, auditor y que se dedica a la misma actividad que Shackleton, la sociedad mercantil 7 de Espadas, facturó trabajos de similar modo a la Generalitat, lo que para el denunciante evidencia que «con ello se oculta el fraude deliberadamente ejecutado por los denunciados».

Lo cierto es que la empresa Shackleton había prestado servicios para la entidad de las loterías catalanas en 2008 y 2009 en el marco de campañas concretas sobre promoción del juego de la Generalitat. Así, Shackleton percibió unos 251.283 euros del Govern hace tres años, 163.438 euros a través del concurso público y el resto con otros trabajos relacionados con la promoción de las loterías.

En 2010, sin embargo, los encargos ya no se realizaron a través de concurso público. La denuncia presentada destaca que la responsable de marketing de Juegos y Apuestas de la Generalitat supuestamente «adjudicó a dedo 84.419 euros más IVA» a Shackleton por un proyecto sobre la comunicación corporativa de la entidad a la que se destinan los beneficios del juego, así como otro trabajo sobre la nueva marca de juego de lotería Combi 3.

La denuncia sostiene que la directora imputada explicó a la empresa cómo presentar las facturas para que cumpliesen la normativa de contratos menores y se pudiesen así pagar sin el correspondiente contrato público, y el control establecido legalmente. Con este fin, la imputada habría enviado varios correos electrónicos a responsables de Shackleton, con copia a técnicos de la EAJA.

En estos mensajes, fechados en marzo de 2010, Pilar Martín detalla que la facturación se debe hacer «por separado, con diferentes órdenes de pedido» y a nombre de varias sociedades del grupo de comunicación. Es por ello que la acusación sospecha que los responsables de marketing de Jocs i Apostes en 2010 dieron vía libre a esta anómala forma de pago para beneficiar de nuevo a la misma sociedad que en años anteriores se había lucrado con trabajos para la Generalitat, aunque en aquella ocasión a través de concursos públicos.

El juzgado centra sus pesquisas en estos correos electrónicos, así como en más de una quincena de facturas presentadas por Shackleton y 7 de Espadas con varios importes y conceptos, que ascendían a unos 97.927 euros, la cantidad adjudicada más el IVA, de los que finalmente EAJA abonó 81.938. Entre las facturas investigadas, destaca una de 1.850 euros por «el escaneado de un fotograma del Combi 3 [uno de los juegos de lotería]» y otra de 12.000 euros por «derechos y honorarios para la sesión fotográfica de la campaña Lotto de Cataluña», entre otros conceptos.

El juez también investiga un encargo de un powerpoint y un discurso para la directora general de Jocs i Apostes, Mercè Claramunt, que los imputados realizaron a otra empresa de comunicación a principios de 2010. La imputada, según la denuncia, habría ordenado cambiar el concepto de la factura de esta empresa para incorporar más tareas de las realmente realizadas y «simular un trabajo mayor al real efectuado», ya que «así quedaba camuflado el importe objeto de participación». Incluso técnicos de la Entitat Autònoma de Jocs i Apostes tuvieron que modificar el powerpoint para incorporar más fotografías de las residencias que se construyeron con el dinero recaudado con la lotería, según admitió la misma imputada en su declaración ante la juez en octubre pasado.