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15 julio, 2012ADIÓS A LOS ‘HISPABONOS’/ El Gobierno destinará 18.000 millones para financiar a las regiones. Los fondos los aportará el Tesoro y el ente público de juegos. El ICO se ocupará de la gestión de los préstamos.
Las comunidades gozarán de una línea de préstamos gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) de hasta 18.000 millones para cubrir sus necesidades financieras. No será finalmente el instrumento de mutualización de deuda autonómica, conocido como hispabonos, sino más bien una concesión de créditos a las Administraciones que lo soliciten, similar a las líneas ICO deuda que ya se pusieron en marcha en su momento para saldar las obligaciones de las regiones.
El Consejo de Ministros aprobó ayer la creación de este fondo «con objeto de cubrir sus necesidades de liquidez», cuya gestión será responsabilidad del Ministerio de Hacienda. El Gobierno espera poder financiar dos tercios de este fondo con las emisiones habituales del Tesoro, mientras que los 6.000 millones adicionales se obtendrán mediante emisiones de Loterías y Apuestas del Estado, «a cargo de ingresos futuros», reza el real decreto ley, tal y como avanzó EXPANSIÓN el pasado 19 de junio.
La cantidad máxima de 18.000 millones se basa en «una estimación», en palabras del ministro de Economía, Luis de Guindos, sobre las necesidades financieras para vencimientos y déficit, lo cual es una cifra bastante optimista: las amortizaciones regionales suponen en lo que queda de año 15.000 millones, lo que implicaría que la financiación del déficit se limitara a 3.000 millones.
Las comunidades autónomas se mostraron cautas a falta de conocer la letra pequeña. De Guindos, sostuvo que se ofrecerán estos préstamos «partiendo del coste de financiación del Tesoro más un diferencial reducido».
La adhesión será «voluntaria» e implicará duras condiciones financieras y presupuestarias para asegurar la devolución de los préstamos y la limitación de los costes financieros de las comunidaes autónomas. Los gobiernos regionales deberán presentar un nuevo plan de ajuste, y el Ejecutivo se reserva la potestad de intervención en caso de que peligre el cumplimientos de sus vencimientos.
El Gobierno se asegura, por otra parte, el cumplimiento de las obligaciones financieras, ya que el respaldo del crédito vendrá del mismo sistema de financiación de las comunidadades autónomas, de forma que, en caso de impago, se sustraería de las transferencias para incentivar así «la disciplina fiscal» de las regiones que tanto preocupa al Ejecutivo central.
