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A la espera de que el multimillonario norteamericano Sheldon Adelson tome la decisión sobre Eurovegas el próximo mes de septiembre, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha tomado el éxito de PortAventura como claro ejemplo del potencial del proyecto y de la legislación específica que el Parlament aprobó en 1986 para regular la creación del parque lúdico, inaugurado en 1995. En relación a las críticas recibidas, el presidenteMas ha recordado en alguna ocasión que «se llegaron a decir muchas tonterías, pero hoy no hay nadie que lo discuta [el éxito de PortAventura] ypara Tarragona ha sido un maná».
No quedan demasiados testigos directos en la política activa de aquellas «tonterías», y quizá el más significativo es el convergente Josep Poblet, entonces concejal de Urbanismo y hoy alcalde de Vilaseca (también presidente de la Diputación de Tarragona), que entiende que «no todos podemos ver las cosas del mismo color, no sería ni bueno», pero estima que con Eurovegas puede repetirse «la historia de un éxito incontestable». «Creo que es el mejor ejemplo a tener en cuenta, las ventajas del cual –si se trabaja con el mismo rigor, empuje e ilusión– pueden clonarse con otros inversores y otras iniciativas».
Tras la experiencia vivida a finales de los 90, el alcalde de Vila-seca justifica una legislación a medida –dado el volumen de inversión y las características peculiares del negocio–, «no de la empresa, sino como marco legal unificado en materia urbanística, de infraestructuras, administrativa, fiscal omedioambiental» y se refiere a que «ése fue el espíritu de la Ley 2/86 establecida para PortAventura». «La empresa no podrá hacer lo que quiera, sino lo que el Parlament y la ley diga, siempre en coherencia con la normativa de Cataluña», añade Poblet.
«Cataluña es un país que cumple, como se ha visto en la Costa Daurada y aquí la seguridad jurídica es altísima; se da por hecho que los acuerdos son serios y se ejecutan en su integridad», advierte Poblet en relación a «criterios parecidos a los de PortAventura, plasmados en la Ley 2/86 que deberían servir de garantía para los inversores y para la sociedad catalana». «Un país puede aspirar a grandes logros creando un marco de seguridad específica, acorde con la legislación, y que no se extralimite», subraya.




