Cientos de afectados por el recorte de terrazas se resisten a acatarlo

La temporada alta de terraceo -cuando el uso ciudadano se dispara y las mesas de bares y restaurante se llenan e incluso crecen- está comenzando sin que muchos restauradores sepan aún si seguir el dictado de las cajas registradoras o de la ordenanza municipal. Por ese motivo, muchos veladores teóricamente condenados siguen manteniendo las mismas dimensiones que hace un año.

Diciembre del 2015 se cerró con una actualización de las licencias concedidas que según el ayuntamiento implicaba que 1.105 tuvieran recortar una media del 53% de sillas respecto a su anterior autorización. Meses antes se había dado la cifra de 2.240 de casos irregulares (casi la mitad del total), lo que ha provocado que el Gremi de Restauració de Barcelona ponga en duda el balance «real» de la casuística y haya pedido a todos los grupos políticos en una carta que aclaren el recuento.

Con el verano a la vuelta de la esquina, el colectivo de afectados se divide entre quienes han optado por acatar la normativa pese a que el ayuntamiento está ultimando ajustes que supondrán dar marcha atrás en algunos conceptos, o unos cientos que se resisten precisamente por ese motivo. Alegan que hasta que la normativa no sea definitiva no quieren quitar mesas y, con ellas, despedir también a parte del personal.

SOLUCIÓN DIALOGADA
El culebrón de la regulación de las terrazas debería de cerrarse en junio, atendiendo la promesa de la alcaldesa, Ada Colau, que en enero aseguró que antes de cinco meses habría una solución dialogada con el sector. La aparente tregua se tambalea, se queja la patronal, porque los operadores reciben la visita de inspectores que, de forma amable y sin mostrar multas, aconsejan plegar alas a los que mantienen la cuota habitual de mesas.

La ordenanza heredada del mandato de Trias sin tiempo a testarla por parte de CiU, está en fase de reajustes. La concejala de Urbanismo, Janet Sanz, aseguró en marzo que los cambios dictados por la normativa -que ella misma calificó el año pasado de «chapuza»-  habían supuesto sobre el papel perder 10.478 sillas (de un total de 78.812), pero que los retoques de distancias respecto al mobiliario urbano y entre sí que proponía «permitirían conservar» unas 2.000 de estas. El consistorio pretende aprobarlos «en las próximas semanas», tras haberlos debatido en la comisión técnica de terrazas. Pero las alegaciones de los afectados no han sido recogidas, lo que ha generado malestar en el sector. El ayuntamiento defiende que su voluntad es equilibrar la actividad comercial y el disfrute del espacio público.

Los actuales casos de afectados se reparten por todos los barrios, ya que la regulación genaral afecta a aproximadamente el 60% del total, mientras que el resto están ubicadas en las llamadas 30 zonas singulares (como paseo de Gràcia o Poblenou). Las diferencias territoriales (usos y dimensiones de las calles) hacen que la patronal reclame tratamiento diferenciado, explica su director, Roger Pallarols.

Más allá de la idoneidad o no de la regulación, la realidad es que el proceso de ajustes y la prórroga de otros aspectos de la normativa (como la ubicación de mesas respecto a las fachadas y la accesibilidad y dotación de sanitarios) ha generado un gran desconcierto en muchos operadores. Inicialmente muchos asumieron el recorte ante los anuncios de sanción, pero al saber que habría marcha atrás se relajaron. Ahora, su licencia les deja claro lo que la teoría permite, pero a simple vista parecen mayoría los que se han resistido.

Muchas veces, el empresario se la juega porque acatar el recorte le puede suponer despedir a personal, algo que tal vez no sería necesario si alcanza un acuerdo intemedio con el ayuntamiento, con quien está negociando, como sucede en algunos casos que ilustran esta información.

En paralelo, muchos vecinos se quejan de excesiva tolerancia en zonas donde la saturación es evidente. Muchos retos para una normativa que nació con polémica y que no solventarán unos pocos ajustes.