¿ESTÁ BIEN REGULADO EL JUEGO DIGITAL EN ESPAÑA?

Desde el año 2011 el juego digital en España se rige por la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de ordenación del juego, normativa que configura un régimen de licencias, diversidad de requerimientos técnicos e impuestos para que las empresas puedan operar en España. En concreto, en la actualidad existen más de cincuenta operadores licenciados en España bajo el dominio «.es».

El marco normativo del juego digital es un ejemplo para muchos expertos en regulación y políticas públicas sobre cómo dar una respuesta pública innovadora que ordene los servicios de la economía digital. Las razones son varias, en primer lugar, la norma se fundamentó para integrar una oferta de ocio asumida con normalidad por los españoles que venía realizando publicidad y patrocinios deportivos de forma regular. Por tanto, facilitó una transición de un mercado no regulado a uno regulado, algo que actualmente es objeto de análisis y debate en otros sectores sometidos a la disrupción digital como el turismo, los servicios de mensajería on-demand o la movilidad. En segundo lugar, el Ministerio de Hacienda y Función Pública tiene capacidad de trazar en tiempo real y de forma remota la actividad de los operadores licenciados y sus usuarios, un tipo de control administrativo que sería de gran dificultad en otros sectores económicos. Y, en tercer lugar, dicha normativa promueve modelos de autorregulación para el sector en lo que se refiere a su actividad comercial y de promoción de políticas de juego responsable, lo que implica favorecer y disponer de un modelo dinámico de gestión de un sector en constante transformación.

Todo lo anterior ha tenido un resultado positivo dando encaje a una actividad, el juego, a la que se le vinculan riesgos asociados y que, por tanto, se le exige operar dentro de ordenaciones específicas con una alta fiscalidad.

Identificar competiciones deportivas

Precisamente, el carácter especial que se ha otorgado tradicionalmente al juego ha llevado a que desde la Administración y, por extensión, desde la opinión pública en ocasiones exista cierto recelo y desconocimiento sobre el sector y su operativa. Por ejemplo, es poco sabido que gran parte de los casos de amaño de competiciones deportivas que se identifican y procesan son denunciados gracias a los operadores de juego que, mediante acuerdos de intercambio de información con autoridades y organismos deportivos, pueden identificar conductas irregulares en los mercados de apuestas. Se suele obviar que estas empresas son las primeras perjudicadas por estas malas prácticas, tanto por su perjuicio reputacional como por los costes que ello supone.

Por todo ello, resulta necesario reforzar la comunicación sobre el juego regulado en España para dar a conocer sus prácticas en juego responsable y el funcionamiento de la normativa a efectos de protección de los usuarios. De esta forma, se ayudará a que las empresas puedan explicar las necesidades de adecuación y mejora regulatoria que vienen planteando desde el inicio del mercado regulado sin que se ponga en riesgo el marco de protección y garantías que deben cumplir. Necesidades que principalmente se refieren a lograr una presión fiscal más racional, por ejemplo acercando los tipos impositivos de las apuestas online a los que las Comunidades Autónomas aplican a las apuestas en establecimientos físicos, así como favorecer la innovación en la oferta de juego regulado sin que la legislación la ralentice por defecto. Esto es el incluir en el mercado regulado nuevos tipos de apuestas como los e-sports o virtual games o permitir que los jugadores puedan jugar con usuarios de otros países.

Lo anterior facilitaría a las empresas «.es» competir en un mercado global donde los usuarios acostumbran a elegir las plataformas que ofrecen mejores condiciones. Es relevante conocer que actualmente empresas españolas como Sportium o Luckia compiten en el mercado con multinacionales cotizadas como Bwin o Betfair. Igualmente otras tantas empresas locales han aprovechado para innovar y ampliar sus modelos de negocio offline a través del canal digital, situación que facilita la convergencia de dos sectores que, hasta la aprobación de la Ley 13/2011, era una tendencia minoritaria.

En esta legislatura son de esperar nuevas iniciativas públicas en este ámbito como la aprobación de una norma específica en publicidad, así como también avances por parte de las empresas en servicios móvil y en la oferta de productos. Veremos cómo avanza un sector que se sitúa entre las cinco principales ramas del comercio electrónico en nuestro país.

Fuente: Bez.es