Las vegas en la Siberia Extremeña

Fernández Vara destacó que Extremadura cumple las condiciones para este tipo de inversiones, ya que “tiene sol, agua, suelo disponible, paz social, contención salarial, estabilidad política y una administración capaz de tramitar proyectos con gran celeridad”.

Macrocomplejo de casino

A pesar de las declaraciones de Fernández Vara de que el objetivo de la propuesta de ley presentada es posibilitar y captar la instalación de grandes parques temáticos y de los alrededores, la proliferación de la prostitución en la zona y el riesgo de que podría favorecer la aparición de un paraíso fiscal en el interior del complejo de casinos, además de considerar irreales y propagandísticas las cifras de puestos de trabajo que se pretendían crear.

Finalmente, el Gobierno regional presidido por Cristina Cifuentes, tras haber modificado varias leyes autonómicas para facilitar su implantación, decidió tumbar el proyecto de EuroVegas, entre otros motivos, porque consideró que carecía del impacto económico, cultural y turístico necesario, las cifras estimadas de visitantes y de empleo no estaban justificadas suficientemente. Aunque la promotora afirmaba que su complejo no tendría como núcleo central los casinos, el análisis realizado por la Comunidad apuntaba a lo contrario.

Historia parecida se repitió con el Gran Scala, denominado “Las Vegas de Los Monegros”, en Aragón, el proyecto que prometía construir 32 casinos, 70 hoteles y seis parques temáticos en la zona desértica de Ontiñena. Las obras iban a empezar en 2008, y en 2014 abriría el primer casino. Se iban a generar dos millones de empleos, solo en la construcción, y más de 65.000 en cuanto estuviera en marcha. Incluso se aprobó la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad para facilitar su instalación.

Diversos colectivos mostraron su oposición por diferentes razones, se crearon la Plataforma Stop Gran Scala y la coordinadora Los Monegros No Se Venden, y expertos en la materia alertaron de la inviabilidad y engaño del proyecto así como que socios impulsores del mismo estaban radicados en paraísos fiscales u ocultos tras el anonimato de fondos de inversión. El proyecto naufragó definitivamente en febrero de 2012 al no ejercerse la opción de compra que los promotores tenían sobre los terrenos sobre los que iba a desarrollarse.

Por su parte, el Reino de Don Quijote pretendía ser el mayor complejo de juego de Europa y fue declarado de Interés Regional por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Sin embargo, resultó ser uno de los más grandes chascos de la historia reciente de Ciudad Real. En 2011, la sociedad Reino de Don Quijote entró en concurso de acreedores y Caesars Entertainment reconoció haber perdido más de 27 millones de dólares, a la vez que anunció oficialmente su cancelación.

Propuesta de ley Extremeña de grandes instalaciones de ocio

El grupo socialista presentó en el registro de la asamblea el pasado 22 de marzo una propuesta de Ley extremeña de grandes instalaciones de ocio” (Legio), con la intención de facilitar la implantación del gran complejo que se pretende crear en Extremadura.

De esta propuesta de ley destacan dos características. La primera es su forma de presentación, es decir una propuesta de ley que procede del grupo parlamentario del PSOE y no, como es habitual, un proyecto de ley de la Junta de Extremadura. Cuando el partido gobernante quiere presenta una ley, lo habitual es hacerlo a través del ejecutivo por ser un procedimiento más garantista con la legalidad y con la participación ciudadana. En lo que llevamos de legislatura en Extremadura, el PSOE solo ha presentado cuatro propuestas de ley para asuntos menores y de escaso contenido, registrando el resto de propuestas legislativas de mayor calado como proyectos.

En este asunto, la Junta justifica la figura de la propuesta de ley por la urgencia que requieren en este asunto los inversores internacionales, ya que un proyecto de ley suele tardar un año en tramitarse, a diferencia de una propuesta de ley que se resuelve en un plazo aproximado de tres meses.

La Junta pretende que se aborde la propuesta de ley en el Pleno de la Asamblea en el plazo de un mes desde que se presentó en el registro. Para ello, se necesita el informe de la Junta de Extremadura que comunique su conformidad o no a su tramitación, si implicara aumento de los gastos o disminución de los ingresos presupuestarios del ejercicio en curso, y el informe de impacto por razón de género del IMEx.

Asimismo, aunque en este proceso no sería necesario el informe del Consejo de Estado, es una de las condiciones que ya ha puesto el PP para dejar pasar la ley, comprometiéndose a esperar a este informe para tratar la propuesta de ley en la Asamblea. Sin embargo, en la práctica del Consejo de Estado, entre cuyos miembros se encuentra Juan Carlos Rodríguez Ibarra, se supera ampliamente ese plazo en dictaminar sobre los asuntos sometidos a su consideración. A modo de ejemplo, respecto del “Proyecto de decreto-ley de medidas extraordinarias contra la exclusión social” de Extremadura el Consejo de Estado tardó casi dos meses en emitir informe y otros proyectos de leyes extremeños más recientes llevan meses pendientes de dicho informe. Aunque la normativa que regula el Consejo de Estado señala un plazo de dos meses para emitir un dictamen, se prevé un supuesto cuando se motive la urgencia para despachar el asunto en un plazo máximo de 15 días o incluso inferior.

Otra de las características que destaca de la ley propuesta es que además de estar expresamente adaptada a un concreto macrocomplejo de casinos, por su contenido no sería necesaria puesto que para facilitar la instalación de una industria o proyecto de interés prioritario para Extremadura existe ya la Ley 9/2002, de 14 de noviembre, de Impulso a la Localización Industrial de Extremadura (o en todo caso se podría adaptar esta ley ya existente a las peculiaridades de los parques de ocio) así como la figura de los Proyectos de Interés Regional y el agente urbanizador regulados en la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.

La única razón de ser y novedad sustancial que incluye la propuesta de ley LEGIO es el régimen jurídico especial que se establece en materia de juego y las modificaciones que se crean para la instalación de casinos. Ello además contrasta con la propuesta de pronunciamiento presentada el año pasado por el PSOE en la Asamblea de Extremadura (aprobada por unanimidad) por la que se instaba al Gobierno de la nación a tomar una decena de medidas contra la publicidad de los juegos de azar y apuestas, con el fin de proteger a los consumidores y, especialmente, a los jóvenes.

Facilidades establecidas para el promotor

La gran instalación de ocio que pretenda instalarse en Extremadura debe reunir, entre otros, los siguientes requisitos:

• Una superficie mínima de mil hectáreas.
• Una inversión global del proyecto de al menos mil millones de euros.
• Creación de un mínimo de 2.000 puestos de trabajo directos.
• Creación de un mínimo de 3.000 plazas de alojamiento hotelero.

En cuanto el requisito de un mínimo de 2.000 puestos de trabajo llama la atención que estos no se computen, como aparece en la normativa europea y en otras de Extremadura, como “unidad de trabajo anual” (UTA), puesto que de lo contrario es difícil saber el tipo de contratos de trabajo que podrían ser, en cuanto duración, calidad y otras características.

Los proyectos de ocio que se presenten y que cumplan con los requisitos determinados en la Ley obtendrán la calificación de “Gran Instalación de Ocio” mediante Decreto del Consejo de Gobierno, y ello conlleva:

• La aplicación del procedimiento de urgencia en la tramitación de los procedimientos administrativos relativos al mismo y previstos en la normativa autonómica.
• La declaración de utilidad pública e interés social, así como de la necesidad y urgencia de la ocupación de los bienes y derechos afectados en los terrenos donde vaya a implantarse las instalaciones del parque de ocio, obteniendo el titular de la Calificación de Gran Instalación de Ocio la condición de beneficiario de la expropiación. Este titular ha de garantizar el realojamiento de los habitantes que se precise desalojar de inmuebles situados dentro del área de la actuación y que constituya su residencia habitual, y la indemnización de los titulares de derechos sobre las construcciones y edificaciones que deban ser demolidas.
• La aprobación inicial del Plan de Ordenación con incidencia territorial y ejecución de las grandes Instalaciones de ocio, que será aprobado mediante Decreto de Consejo de Gobierno, y habilita la transformación urbanística de los terrenos necesarios para la ejecución del proyecto con la obtención de las licencias correspondientes e imponiéndose sobre los planes urbanísticos municipales.
• El promotor del proyecto adquiere la condición de agente urbanizador, es decir, pasa a ser el responsable de ejecutar la correspondiente actuación urbanizadora por cuenta de la Administración, con las facultades que le confiere la ley del suelo extremeña.
• Gozarán de libertad de horarios y no estarán sujetas al régimen de horarios comerciales establecidos en la normativa extremeña.
• Para los casinos, se autorizan las actividades de cualquier otra modalidad de juego de azar desarrollados en los establecimientos en ella contemplados. Las autorizaciones en materia de juego tendrán una vigencia de 25 años y renovable por períodos de idéntica duración, si se cumplen los requisitos establecidos en la normativa vigente en el momento de la renovación.
• La administración extremeña se encargaría de la formación de los empleados del parque de ocio y, además, en los planes y programas de inserción laboral de Extremadura se daría un tratamiento específico a las actividades residenciales, deportivas, recreativas y de ocio en sus distintas modalidades a ejecutar en dicho parque de ocio.

Exenciones fiscales y coste económico de las infraestructuras

Una de las facilidades para instalar los proyectos de ocio se centra en las bonificaciones fiscales. De esto modo, la propuesta de ley extremeña de grandes instalaciones de ocio modifica la normativa extremeña en materia de tributos rebajando el tipo tributario al 15% en los casinos, así como una deducción de hasta el 80% de la cuota, por suma resultante de las cantidades invertidas en la construcción inicial del complejo y equipamiento de sus instalaciones, excluido el valor de los terrenos.

Una de las grandes dudas del proyecto de la instalación del parque temático centrado fundamentalmente en casinos, es quien paga los enormes costes asociados a las infraestructuras necesarias para llegar al complejo de ocio.

En el caso del EuroVegas, la Comunidad de Madrid, tras analizar las implicaciones que el proyecto conllevaba en materia de transporte, carreteras e infraestructuras, concluyó que la ubicación elegida generaba una importante carga a los presupuestos autonómicos, ya que la administración tenía que acometer una inversión en infraestructuras viarias y ferroviarias que, en una primera estimación, podría alcanzar los 340 millones de euros, a lo que había que sumar el coste de la nueva línea de autobuses para llegar al complejo y el refuerzo de los existentes, otros trse millones de euros.

Lo mismo ocurrió con el Gran Scala en Aragón, precisaba desembolsos públicos para realizar infraestructuras como el tren de alta velocidad, aeropuerto o autovías.

Por su parte, con el proyecto del Reino de Don Quijote solamente los trabajos referentes a instalaciones eléctricas o abastecimiento de agua a llevar al complejo, entre otras obras, suponían un presupuesto de 22 millones de euros.

Si bien el EuroVegas se pretendía construir muy cerca del aeropuerto de Barajas y a pocos kilómetros del centro de Madrid y el proyecto de Ciudad Real estaría a pocos minutos de la estación del AVE y del aeropuerto (hoy cerrado y sin uso), la situación del proyecto de ocio extremeño, que se pretende ubicar en el entorno de Castilblanco, hace muy complicada la viabilidad de las infraestructuras de autovías, aeropuerto y AVE, así como otras asociadas o conexas.

Respecto a quién asumiría el coste de estas infraestructuras, la propuesta de ley es muy ambigua y contradictoria, estableciendo al efecto: “La Calificación de Gran Instalación de Ocio obliga a la Administración otorgante a instar, ante el resto de las Administraciones Públicas competentes, la cooperación y colaboración necesarias en materia de recursos hidrológicos, infraestructuras, energía, telecomunicaciones, o cualesquiera otras que coadyuven a la efectiva culminación de la Gran Instalación de Ocio”.

Por otro lado, señala que el titular de la calificación de Gran Instalación de Ocio “ejecutará a su costa todas las obras de urbanización previstas en la actuación correspondiente, así como las infraestructuras de conexión con las redes generales de servicios y las de ampliación y reforzamiento de las existentes fuera de la actuación que esta demande, por su dimensión y características específicas, sin perjuicio del derecho a reintegrarse de los gastos de instalación de las redes de servicios con cargo a sus empresas prestadoras, en los términos que se estipulen en los convenios que al efecto se suscriban y que deberán ser aprobados por la Administración actuante”.

Sostenibilidad medioambiental

El proyecto de ley regula que el titular del complejo constituirá “con al menos un 10% del terreno, un espacio de salvaguarda de la biodiversidad, de titularidad y gestión privada”, así como “un Fondo de Sostenibilidad Social Corporativa para actuaciones de interés general en el ámbito del patrimonio histórico, cultural, natural, eficiencia energética o inclusión social”.

A la espera de una mayor concreción del proyecto y del resultado de la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan que se presente, los terrenos donde se baraja instalar el proyecto en parte podrían afectar a la Red Ecológica Europea NATURA 2000, es decir, zonas especiales de conservación, reguladas y protegidas por la normativa europea y extremeña. Así mismo, podría requerir y utilizar una gran cantidad de recursos hídricos.

En los proyectos similares que se pretendían instalar en Madrid, Aragón o Ciudad Real, las organizaciones ecologistas alertaron de los importantes impactos ambientales que conllevarían, no solo por el proyecto en sí sino por las infraestructuras asociadas, en lugares, en principio, con menos valor ecológico que en la zona que se pretende implantar en Extremadura.