Miles de bares valencianos podrían cerrar por la ley sobre las tragaperras

Si las Cortes Valencianas aprobaran este viernes la nueva Ley del juego, miles de bares y restaurantes de la comunidad se podrían ver obligados a cerrar. La norma introduce grandes restricciones en el uso de las máquinas tragaperras, una de las principales fuentes de ingresos de algunos establecimientos de hostelería.

Miles de bares están en vilo por lo que podría ocurrir el próximo viernes en las Cortes valencianas. Está previsto que ese día el pleno del parlamento dé salida a la redacción de la nueva ley del juego. Una norma que, si finalmente se pusiera en marcha, podría llevarse por delante al 25% de los establecimientos hosteleros de la Comunidad Valenciana, que se verían abocados al cierre. La vuelta a la normalidad de estos negocios se producirá en un momento económico muy complicado que podrá verse agravado si se pone en marcha la norma

La razón de estos cierres masivos estaría en el nuevo mecanismo de control para las máquinas tipo B, más conocidas como las tragaperras. La nueva norma obligaría a todos los bares y restaurantes que contasen con una de estas máquinas en su establecimiento, a activarlas mediante el uso de un mando a distancia y a comprobar en un listado el nombre de la persona que quiera hacer uso de la misma. Un mecanismo de control que, a juicio de los hosteleros valencianos, es excesivo y que les traerá graves consecuencias económicas.

Un bar o un restaurante es una actividad que depende «gracias al resto de micro-negocios que tiene dentro como son los cafés que se venden por las mañanas, el almuerzo, la máquina de tabaco y, por supuesto, también las tragaperras” explicó Fidel Molina, líder de la plataforma SOS Hostelería, que reúne a autónomos, propietarios de locales y trabajadores del sector y que, precisamente, nació con el objetivo de frenar la nueva ley del juego en la Comunidad Valenciana. Para Molina, la imposición de este nuevo mecanismo de control de las tragaperras, implicaría la desaparición de las máquinas de los establecimientos hosteleros e, incluso, el cierre de los propios negocios.

Desde la plataforma SOS Hostelería prevén que, de salir adelante la norma, entre el 20% y el 25% de los bares y restaurantes de la comunidad tendrían que cerrar. Según reveló Molina, las máquinas tragaperras pueden llegar a suponer para el hostelero un ingreso extra de entre 500 euros y 700 euros al mes. “Es un dinero que se utiliza normalmente para pagar el alquiler” aseguró Molina.

Se aprobaría justo en el peor momento

Para el líder de SOS Hostelería, la aprobación de la ley del juego valenciana no es sólo un problema para los 35.000 bares y restaurantes que hay en toda la región y que, en mayor o menor medida, se van a ver afectados por la nueva regulación, si no que supone un fuerte golpe para todas las familias que viven de esos negocios. “Muchos de los establecimientos -a los que va a afectar la norma – son pequeños negocios de entre 70 y 90 metros cuadrados, que están ubicados en un pueblo y que, normalmente, están regentados por un matrimonio y un hijo que, a veces, les echa una mano. Son negocios familiares y la familia entera vive de ese bar” detalló Molina.

A este problema con las máquinas, hay que añadirle la situación tan complicada que, de por sí, vive el sector de la hostelería y la restauración por la crisis del COVID-19. Los establecimientos hosteleros tuvieron la obligación de cerrar durante el Estado de Alarma y, aunque durante las últimas semanas han podido ir abriendo sus puertas, lo cierto es que su situación es todavía delicada.

La Comunidad Valenciana se encuentra en Fase 1 desde el pasado 18 de mayo, lo que significa que, por el momento, sólo pueden abrir los establecimientos hosteleros con terrazas y siempre con un límite del 50% en su aforo. Se espera que en la Fase 2, prevista para la semana que viene, puedan abrir el resto de locales hosteleros, que sólo tienen servicio en el interior del local, siempre y cuando no superen el 40% de su aforo.

Para Molina, la apertura se producirá en un momento económico muy complicado que podrá verse agravado si se pone en marcha la norma: “Son negocios que han estado parados durante tres meses sin ningún tipo de ingresos y a los que encima, ahora, les quitamos uno tan importante como es el beneficio que obtienen por las máquinas”. Para él, la situación en la que se queda el hostelero sin las tragaperras es desoladora:“son profesionales que tienen entre 40 y 65 años, que no andan muy sobrados económicamente y que sin ese dinero de las máquinas no van a poder hacer frente al alquiler”.

Quien conoce bien la incertidumbre que vive la hostelería valenciana es Rubén Cuchiero, propietaria del bar Escocés Cuchiero, y que reconoció estar “muy preocupado. Tengo 45 años, vivimos tres personas de ese bar y todos los cambios que puedan producirse ahora en la hostelería dan miedo”. Este autónomo explicó que la nueva regulación de máquinas tipo B perjudicaría a los negocios por dos razones. La primera, porque los clientes no querrán hacer uso de ellas: “los que utilizan las tragaperras no van a querer dar su datos al camarero y que éste conozca su situación. No van a querer dar esos detalles personales, se van a sentir muy incómodos”.

Y, en segundo lugar, porque va a paralizar el servicio: “la nueva norma va a obligar al camarero a dejar de atender a los clientes para encender una máquina y buscar un nombre en un fichero”.

Cuchiero explicó que, si obligasen sólo a encender la máquina con el mando la situación no sería tan grave, «pero tener que recoger nombres, eso ya entra en conflicto con la protección de datos”. Para este hostelero, la norma no tiene sentido, sobre todo si su objetivo es limitar el juego entre menores, “porque nosotros nunca hemos recibido ninguna multa y es algo que controlamos bastante”.

El dueño de bar Escocés es uno los miles de hosteleros que están a la espera de lo que ocurra el próximo viernes en Las Cortes. Él, como otros muchos, aún no ha podido subir la persiana después de tres meses y lo que se decida puede ser crucial.

Muchos hosteleros en contra de una norma

La negociación y aprobación de la ley del juego valenciana es una circunstancia que se lleva discutiendo en Las Cortes desde el año 2017. Norma que, si no cambia nada, saldría adelante el próximo viernes con los votos a favor de PSPV-PSOE, Compromís y Podemos, y que tiene en contra a las asociaciones del juego, al sector de la hostelería valenciano, a los empresarios valencianos y a los sindicatos.

De hecho, a principios de esta semana, todos ellos, las asociaciones del sector del juego -ANDEMAR CV, ANESAR CV, APROMAR, ASVOMAR- junto con las patronales del sector -CEJUEGO y ANESAR- y el sindicato UGT , lanzaron un comunicado conjunto en el que se oponen a que salga adelante la nueva ley del juego valenciana.

En la nota, todas las organizaciones dejan constancia de cómo la aprobación de la norma en estos momentos, tras la crisis del COVID-19, llevaría a una situación límite a muchos negocios hosteleros y al cierre del 95% de los Salones de Juego. En ella, también recuerdan que la restricción tendría consecuencias negativas también para la Hacienda valenciana ya que, como inciden, el sector del juego genera 140 millones de euros en la Comunidad y supone el 2,3% del PIB. Además, recalcan que los problemas con el juego tienen una incidencia del 0,3% en la Comunidad Valenciana, y que se sitúa al mismo nivel que en el resto de España, siendo éste uno de los cinco países del mundo con menor tasa de juego problemático.

El 95% de los salones valencianos podrían cerrar

Otra de las novedades de la nueva ley de juego valenciana, que afectaría gravemente a otro tipo de pequeños negocios, es la prohibición de que un salón de juego se encuentre a menos de 850 metros de un centro educativo. Una obligatoriedad que desde las asociaciones del juego calculan que llevaría al cierre al 95% de estos locales.

Este tipo de negocios funcionan mediante la obtención de una licencia que tiene una vigencia de diez años. Si se pone en marcha la norma, todos aquellos salones que se encuentren actualmente a 850 metros de un centro educativo no tendrían la posibilidad de renovarla. “Algo que empezará a ocurrir a partir del próximo mes de enero” apuntó Fidel Molina, líder de la plataforma SOS Hostelería.

Molina denunció que la obligación a mantener la distancia de los centros educativos, que tiene el objetivo de disminuir la incidencia del juego entre los menores, no se aplica ni a los vendedores de la ONCE, ni a las administraciones de lotería, “que son las que han experimentado un crecimiento de demanda durante los últimos años”. Además explicó que, de querer reforzar los mecanismos de restricciones de menores en estos establecimientos, “se podrían haber implementado otras medidas, como colocar porteros, sistemas digitales o cualquier otra medida que no llevase al cierre a miles de negocios y a la calle a miles de trabajadores”.