La hostelería ultima demandas masivas por daño patrimonial al Estado y CCAA

Quieren exigir responsabilidad patrimonial al Gobierno central y las 17 comunidades en una avalancha de demandas para reparar el daño económico sufrido por los cierres desde 14 de marzo.

Hosteleros preparan una avalancha de demandas por responsabilidad patrimonial del Estado, que se dirigirán contra el Gobierno central y contra cada una de las 17 comunidades autónomas. Se presentarán ante el Tribunal Supremo, en concreto, en la Sala tercera de lo Contencioso- Administrativo, y exigirán lo que han dejado de ingresar entre 14 de marzo y 31 de diciembre de 2020 respecto al mismo periodo de 2019, hasta 67.000 millones de euros, cifra en la que en cada caso se ponderará el efecto de gastos y ERTE.

Según ha podido saber EXPANSIÓN, así lo ultiman hosteleros de las distintas comunidades autónomas con el despacho Cremades & Calvo- Sotelo, que ha preparado una estrategia legal en la que cada afectado presentará su propia demanda con las pérdidas que le competan pero en la que todas las demandas serán iguales, dirigidas contra el Gobierno y contra cada comunidad, y que esperan que puedan agruparse o acumularse en 17, según el número de autonomías.

No cabe de momento presentar una demanda colectiva, modalidad habitual en Estados Unidos y que acaba de aprobar la Comisión Europea, pero que todavía no está en vigor (ver información adjunta). Los hosteleros que ya se han sumado a esta plataforma, impulsados por la chef Begoña Fraire, del restaurante Étimo de Madrid, llevan mucho tiempo desencantados con lo que denominan la “estrategia de la pataleta, la manifestación y la queja ante el Congreso”, y han decidido pasar a la “acción práctica” y reclamar lo que creen que legalmente les pertenece, según señalan algunos de los afectados. Este estado de ánimo compartido se incrementa en el caso de los hosteleros de Cataluña, que han sufrido uno de los cierres más contundentes y que a su vez dicen sentirse “criminalizados” por la Generalitat. A algunos les preocupa el coste reputacional de sus demandas.

Pero todos critican la “inadecuación y desproporción” de las medidas del Gobierno central y de las comunidades con los distintos cierres y vaivenes que han ido estableciendo desde el 14 de marzo. A diferencia de Alemania, Reino Unido, Francia o Italia, en España no se han facilitado ayudas directas ni se ha compensado por lo que se ha dejado de ingresar, denuncian. Eso sí, no cuestionan los cierres en sí ni que hubiera que adoptar medidas destinadas a proteger a la población, sino que se busca reparar el daño económico provocado en el sector por las restricciones, que han supuesto una especie de expropiación por parte de Estado, que creen que está obligado a reparar.

Uno de los acicates para dar el último impulso a estas demandas que se llevan preparando desde hace tiempo ha sido el Plan de Rescate a la hostelería, turismo y comercio que aprobó el Consejo de Ministros el 22 de diciembre que “llega tarde, es escaso y sin ayudas directas”. A su juicio, “dichas medidas no responden a las demandas y necesidades del tejido empresarial de la hostelería en nuestro país. Abogamos por compensaciones económicas directas, como en otros países”.

Las ayudas que hayan podido recibir antes y de este plan ya están contempladas en la cifra de caída de sus ingresos que van a acreditar. También se van a sumar hosteleros que han tenido que echar el cierre definitivo a sus locales, que presentarán las pérdidas proporcionales hasta el momento en el que dejaron de operar. La cifra que se está depurando será la de la cuenta de resultados, es decir, la facturación sin los gastos y los efectos de los ERTE.

El sector de la hostelería se sitúa como el tercer empleador en nuestro país, superando los 300.000 negocios con una aportación superior al 6% del PIB, en la que hay que tener en cuenta su valor como intangible y de atracción de turismo a España.

Unos 100.000 negocios pueden llegar a cerrar a consecuencia de las medidas restrictivas. No en vano, la facturación desde marzo ha caído en más de un 50%, provocando la destrucción de más de un millón de empleos, lo que supone pérdidas por 67.000 millones de euros. En noviembre se encontraban en ERTE más de 334.410 trabajadores del sector, por encima de las cifras de los tres meses anterior.