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Bares y restaurantes de toda España afrontan reclamaciones judiciales por impago del alquiler. Sólo el 3% de los contratos se han renegociado y las primeras sentencias dan razón a los propietarios, que pueden pedir el desahucio.
A Ion, dueño de un bar en el pueblo de Cuntis, en Pontevedra, le llegó hace dos semanas un burofax con un ultimátum: o paga los siete meses de alquiler que le debe al propietario del local o «se instará al correspondiente desahucio por falta del pago de las rentas», dice el documento. La carta se ha enviaron hace dos semanas y tiene como fecha límite el 15 de febrero. «Me ha dicho mi abogado que es complicado que me desahucien si no he podido tener el bar abierto», confía el empresario.
No es el único hostelero que está en esta situación. Según Hostelería de España, la patronal del sector, las demandas por impago ya están llegando a los tribunales. «Ya nos estamos encontrando con muchos procesos de desahucio, porque muchos propietarios no han querido negociar las rentas con sus inquilinos, y el Gobierno no ha dado alternativas o las que han dado no sirven», señala Emilio Gallego, secretario general de esta organización que agrupa a 300.000 establecimientos del país.
Es el caso de Ruth, que tiene un negocio en pleno centro de Vigo, en una zona turística que lleva meses desierta. Tuvo el juicio la semana pasada y lo perdió. El juez estimó que la empresaria ya pudo abrir el bar desde junio, y no se justifica que no haya podido pagar.
«Llevo ocho años alquilando este mismo local y siempre he pagado religiosamente. Cuando estalló la pandemia pagué marzo y abril porque entendí que este parón era algo temporal, pero en mayo ya vimos que la cosa iba para largo y no pagamos mayo ni junio. En verano abrimos con las restricciones que había. Además no tenemos terraza y lo que nos salvaba era la barra, que casi no se ha podido usar», señala.
El casero la denunció por los meses que le debía, fueron a juicio la semana pasada y, tras perderlo, la hostelera va a recurrir. «Estoy facturando un 20% con respecto a otros años. Cuando firmé ese contrato era por actividad comercial pero es que no me están dejando desarrollar esa actividad», reclama.
Según Emilio Gallego, hay muchos hosteleros en esta situación, pues el pago del alquiler del local es uno de los principales gastos. La mayoría de estos empresarios no se han acogido a las alternativas dadas por el Gobierno para aligerarles los gastos. En primer lugar, se aprobó una moratoria en el pago de los alquileres, pero muy pocos empresarios del sector se han acogido a ella porque, según critican, «no es una solución porque el pago se aplaza pero tus ingresos perdidos no los vas a recuperar», señala Ion.
«Una moratoria es pan para hoy y hambre para mañana. Durante el proceso de moratoria no pagas pero acumulas deuda, es gasolina para los procesos de desahucio», señala Emilio Gallego.
En el caso de este hostelero de Pontevedra, abrió el bar en el mes de noviembre y el marzo estalló la pandemia. Desde entonces sus ingresos ha caído un 80%, ha abierto intermitentemente y con las restricciones pertinentes (primero sin barra, con aforo de espacio, ahora de horarios…). Por eso, él justifica que no quiere una moratoria: «No tengo los ingresos que tenía cuando alquilé el local».
Le pidió una rebaja al propietario y justifica que no puede pagar ese alquiler cuando ha tenido un montón de meses sin ganar lo que ganaba por culpa de los cierres. «La moratoria no es una solución real y el Gobierno debería darnos ayudas directas para poder afrontar estos pagos», denuncia.
El pasado mes de diciembre el Gobierno aprobó un paquete de ayuda a los hosteleros que incluía una medida para que los grandes tenedores de propiedades (más de 10) realizaran rebajas en los alquileres del 50%, a cambio de incentivos fiscales. Para los pequeños (menos de 10 locales) también ofrecía beneficios, pero quedaba en su mano.
«Son muy pocos los negocios que han podido acogerse a esta ayuda, salvo las grandes cadenas, pues la mayoría de hosteleros están arrendados por pequeños propietarios, por lo que esto se hace casi inaplicable. Es cierto que la mayoría de los propietarios han tenido sensibilidad para negociar, pero no se puede aprobar una medida y dejarla en manos de otros», explica Gallego. Calculan que sólo un 3% de los negocios se ha podido beneficiar de estas rebajas.
Gallego opina que «cuando acabe esta pandemia se verá la crisis en toda su crudeza, pues el teletrabajo destruirá la rentabilidad de muchas zonas, y habrá propietarios que creían que iban a poder encarecer las rentas y se van a encontrar con que les va a costar realquilar», dice.
