Castilla y León, La Junta facilitará la autorización de máquinas recreativas a través de internet
17 mayo, 2009El PAR quiere aprobar en junio la ley de Gran Scala pero la retrasa
20 mayo, 2009La expropiación de terrenos no superará ese porcentaje en ningún caso.
El proyecto de Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad será la prueba del nueve para saber si Gran Scala lleva ese de solvencia o si ILD comienza por la i de insolvencia.
El texto remitido por el Consejo de Gobierno a las Cortes determina que los promotores de los complejos de este tipo deberán depositar en la consejería responsable de los temas de turismo «copias notariales de las escrituras de adquisición de la propiedad de los terrenos en los que habrá de erigirse el centro, referidas, por lo menos, al noventa por ciento de su superficie, y acreditando las gestiones realizadas para la adquisición de la parte de los terrenos sobre los que no hubiera podido adquirir la propiedad». Esa documentación deberá estar depositada en los seis meses siguientes a la admisión a trámite del proyecto por parte de la DGA.
La intervención expropiatoria de la DGA se limitará a ese 10% restante del terreno.
El texto remitido a la Cámara, cuya tramitación todavía no ha dado comienzo, exige a la empresa promotora o sociedad anónima gestora un capital social mínimo de diez millones de euros, tener sede en la comunidad autónoma, identificar a los miembros de su consejo de administración e indicar «los estatutos y los pactos parasociales por los que habrá de regirse» la entidad. La sustitución de los miembros del consejo deberá ser previamente autorizada por la DGA.
La solicitud inicial deberá incluir una garantía de tres millones de euros a favor del Gobierno de Aragón. Esta podrá prestarse en efectivo, en valores de deuda pública, mediante aval bancario o a través de un «contrato de seguro de caución con una entidad aseguradora autorizada para operar en España».
Una vez sea autorizado el proyecto, los promotores dispondrán de un mes, a partir de la fecha de la inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil, para elevar a seis millones de euros la garantía. Esa cifra tendrá como objetivo «asegurar el abono de las indemnizaciones y la reparación de los daños que pudieran producirse» en el desarrollo del proyecto.
Por último, el proyecto de ley establece que los centros de alta capacidad serán gestionados por sus promotores «a su riesgo y ventura, sin obligación por parte de las administraciones afectadas de mantener su equilibrio económico, aun el supuesto de que concurra una circunstancia de fuerza mayor».
