El Ayuntamiento de Madrid no imitará a Barcelona y no prohibirá la apertura de nuevas casas de apuestas

Las casas de apuestas no suponen, a priori, un problema para Barcelona. La Ciudad Condal cuenta con más de un millón y medio de habitantes censados según los últimos datos del padrón y en ella apenas hay 35 salones de juego (uno por cada 46.000 habitantes), 17 bingos (uno por cada 95.000) y un casino.

Sin embargo, estos números que, en plena expansión de este mercado, son nimios no han supuesto un freno para que la alcaldesa Ada Colau haya impuesto una dura limitación. El pasado 22 de octubre, firmó un plan municipal que prohibía la apertura de nuevos locales durante un año, tiempo en el que su equipo de Gobierno trabajará en un plan especial que buscará que decrezcan esas cifras. Hasta ese momento, no había una regulación consistorial en este ámbito.

En Madrid, la otra gran ciudad del Estado, tampoco la hay y, de seguir así, no la habrá. Al menos eso es lo que asegura Mariano Fuentes (Cs), concejal responsable del Área de Desarrollo Urbano, que confirma que el Ayuntamiento capitalino apuesta por no imitar a Barcelona. Todo, pese a que sus números son más sangrantes: según los datos del pasado año, en la capital había 103 casas de apuestas (una por cada 30.000 vecinos) y cuatro grandes casinos.

A preguntas de Madridiario, el edil justifica su negativa a regular este sector por la «diferente situación normativa» de ambas poblaciones. Argumenta así que mientras que la Generalitat no ha llevado a cabo ningún decreto al respecto, la Comunidad de Madrid sí lo ha hecho, en referencia a la ley regional que aprobó Ángel Garrido antes de ceder el testigo a Pedro Rollán y marcharse a Ciudadanos, que limitaba un espacio de 100 metros de separación entre estos locales y los centros educativos además de reforzar los controles de acceso y penar con multas de hasta 9.000 euros por niño a los que dejen entrar a menores.

«La región ya tiene regulada este tipo de actividad, estuvimos más atentos y nos adelantamos», declara. Sobre el hecho de que la regulación madrileña sea más laxa que la catalana ya que en la capital todavía se pueden abrir nuevos locales, Fuentes lo achaca al «populismo» de Colau y de sus ideas, «que han sido invalidadas por los tribunales», en referencia a una moratoria que impulsó Manuela Carmena sobre los establecimientos hoteleros y que luego fue derogada.