Cejuego critica que el proyecto de ley del juego de la Comunidad Valenciana no toma en cuenta al sector privado

Poner dispositivos de activación en las máquinas recreativas o impedir la renovación de las máquinas de apuestas instaladas en la hostelería supondría un “duro revés” para los dos sectores.

Cejuego, patronal del juego privado en España, ha criticado hoy algunas de las incongruencias del Proyecto de Ley del Juego de la Comunidad Valenciana y de ciertas enmiendas presentadas por los distintos partidos políticos y ha señalado que el Gobierno valenciano pretende poner en marcha una Ley del Juego sin tomar en cuenta al sector del juego privado ni a la hostelería, mientras que se fomenta el juego público.

Tal y como recogen algunas de estas enmiendas, las máquinas recreativas deberían permanecer inactivas y tendría que ser el cliente quien solicite su activación al responsable del establecimiento, algo que no está vigente en ninguna otra Comunidad. Asimismo, deberían incorporar un dispositivo de activación, que se debería instalar en un plazo de tres meses.

Estas medidas supondrían “un duro revés” para el sector recreativo en la Comunidad Valenciana, así como para el sector hostelero. Pero además, ni las compañías ni la propia Administración podrían cumplir este plazo de tres meses (se tendría que enviar un parque superior a 21.000 máquinas a fábrica, incorporar el dispositivo o fabricar nuevas máquinas, homologarlas, recibir la autorización pertinente y volver a llevarlas al local) e implicaría acabar con este tipo de ocio que está plenamente normalizado en la sociedad y que permite a la Comunidad Valenciana ingresar más de 66 millones de euros en concepto de tasa del juego.

En el caso de las máquinas de apuestas instaladas en locales de hostelería, de prosperar algunas de estas enmiendas, no se permitiría su renovación una vez que acabe el periodo de vigencia de su autorización, lo que supondría la prohibición de facto de esta modalidad de juego en la región que reportó a la Generalitat en 2018 ingresos tributarios por más de 13 millones de euros.

A su vez, esto conllevaría también un impacto “muy negativo” para la hostelería tradicional, ya que este tipo de juego proporciona un complemento importante para este sector, “muy afectado ya por los cambios en los comportamientos de consumo”, y que revertiría en la pérdida de puestos de trabajo tanto directos como indirectos. En el caso de la Comunidad Valenciana, el aporte económico del sector del juego es destacable: representa el 2,54% del PIB valenciano y crea 7.000 empleos directos y 30.000 indirectos, relacionados principalmente con el sector de la hostelería.

Este tipo de medidas entran en contradicción con otras enmiendas que incluyen que se puedan instalar terminales públicos en bares y en cualquier otro establecimiento sin que se necesite autorización administrativa previa, lo que permitiría a Loterías del Estado o a la ONCE comercializar sus productos en estos establecimientos sin ningún tipo de autorización de la Comunidad Valenciana, lo cual convertiría a esta Comunidad en la primera que prescinde de esta competencia en favor del Estado.

“Las reglas deberían ser las mismas para todos, tanto si es juego público como privado. Estamos a favor de un sector del juego planificado y ordenado, pero no parece lógico que la Comunidad Valenciana quiera limitar el juego privado, que es precisamente el que más contribuye económicamente a la Comunidad, para potenciar el juego público, de competencia Estatal, y además prescindiendo de todo control sobre qué juegos se ofertarán y dónde se instalarán. Esto podría hacer que, en un futuro, se instalen terminales con rascas de la ONCE, o de quinielas, por ejemplo, en los comedores de las universidades o en cualquier otro establecimiento público. No pedimos que los prohíban, pero no entendemos por qué la Comunidad Valenciana quiere prescindir del derecho a estar informada y a contar con un instrumento como es la autorización previa”, señaló Alejandro Landaluce, Director General de CEJUEGO, que recordó que el sector del juego privado aportó en impuestos a la Generalitat Valenciana en 2017, 137 millones de euros, mientras que el juego público no llegó a los 14 millones de euros, tal y como recoge el Informe del Juego de la Comunidad Valenciana.

Controles de acceso y distancias

La asociación también ha mostrado su posición respecto a otros temas clave como son el control de acceso a menores y las distancias entre salones de juego.
Así, CEJUEGO ha reiterado que el juego en España está prohibido para los menores, por lo que desde el sector se han implementado medidas “firmes y contundentes” en todos los subsectores y canales para garantizar “tolerancia cero” en referencia al juego para menores. En este sentido, añadió que las acciones puestas en marcha en la actualidad son eficaces, tal y como explicó el propio Regulador del Juego de la Comunidad cuando presentó el último Informe Anual del Juego, en el que se refleja que, de las cerca de 50.000 inspecciones realizadas, sólo hubo 21 expedientes iniciados por faltas muy graves relativas a máquinas de hostelería y salones y no se tiene constancia de que ninguno de ellos fuera por acceso de menores al juego.

Sobre este punto, CEJUEGO puso de manifiesto que siempre estará al lado de la Administración para conseguir que se cumpla este reto, aunque solicitó que se regule el control de acceso en función de las características propias de cada tipo de establecimiento, pero sin que conlleve un incremento en los costes estructurales que derive en la inviabilidad de dichos locales.

Respecto a las distancias entre salones de juego, desde la asociación se puso énfasis en que el sector está a favor de la planificación y de que cada comunidad regule las distancias, puesto que “es la mejor garantía de que el sector del juego tenga un desarrollo ordenado, además de transmitir sensación de seguridad a la sociedad”, pero siempre respetando la seguridad jurídica y no dañando la imagen y credibilidad de la propia Comunidad. “No puede ser que en la actualidad haya un Proyecto de Decreto en su última fase de tramitación para regular precisamente estas medidas de planificación y que se presenten enmiendas por los partidos del Gobierno que solicitan una planificación diferente a la del Decreto en trámite presentado por ellos mismos”, añadió Landaluce.

Así, desde CEJUEGO se ha reclamado que se establezca un criterio “claro” de distancias, pero que se garantice la seguridad jurídica de los establecimientos ya instalados, puesto que de lo contrario implicaría la práctica inviabilidad de la renovación de un gran número de salones, lo que repercutiría de forma muy negativa en un sector que realiza una importante contribución económica a la sociedad valenciana y a la oferta turística, de especial relevancia en esta Comunidad.

Fuente: Sector del Juego