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El mundo deportivo tampoco escapa a la corrupción existente en otras áreas de nuestra sociedad. La investigación que está realizando un juzgado de Valencia por el posible «amaño» en el partido Levante-Zaragoza de la temporada 2010-11 es una buena muestra de ello. En estos casos, el fraude no sólo afecta al resultado de los partidos, beneficiando o perjudicando a los equipos y, de esta forma, alterando la competición, sino también a todos los ciudadanos que realizan apuestas, principalmente a través de internet, sobre esos eventos deportivos. Por ello, la Audiencia Nacional ha pedido al Parlamento que aumente las penas por los actos de corrupción en el deporte cuando tienen como fin «alterar los resultados deportivos que son objeto de un régimen de apuestas».
Esta consideración la realiza la Sección Segunda de la Audiencia Nacional en una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Enrique López en la que se desestima el recurso interpuesto por el Huesca –actualmente en Segunda División B– contra la decisión del juez Fernando Andreu de inadmitir la querella que presentó por un posible amaño del partido disputado entre el Racing de Santander y el Hércules, en la temporada 2012-2013, correspondiente a la última jornada. El encuentro acabó con 3-0 a favor del equipo cántabro y provocó el descenso del Huesca.
La Audiencia, tras considerar que esos hechos no son de su competencia, argumenta para realizar su petición al Parlamento que la principal particularidad de la corrupción deportiva se centra en la «alteración deliberada y fraudulenta del resultado de una prueba, de un encuentro o de una competición deportiva profesionales». Por ello, añade la resolución, cuando lo anterior afecte a un sistema de apuestas «debe tener mayor penalidad, al margen de que se cause o no perjuicio con ello, habida cuenta su naturaleza de delito de peligro».
En relación con lo anterior, la Sala destaca que el hecho de que se altere la competición afecta directamente a las apuestas deportivas, «tanto las públicas –quinielas– como las privadas, la mayor parte de las cuales se realiza a través de internet».
