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30 diciembre, 2008El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana publicó ayer la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat para 2009 y, a renglón seguido, el decreto que incorpora las modificaciones introducidas en el reglamento del juego del bingo que, esencialmente, relajan el control administrativo de las salas de juego.
Los titulares de licencias de explotación de juego estaban sometidos a la verificación de las condiciones de adjudicación de sus permisos cada cinco años y debían ajustarse a la normativa para afrontar la revisión quinquenal de sus licencias. Pero al duplicar los plazos de revisión de las licencias, los titulares de salas de bingo disfrutan de un plazo mucho más largo para ajustarse a las restricciones administrativas.
La ley de acompañamiento para 2009 introduce también la posibilidad de que las máquinas recreativas de tipo A, las que no conceden premios en metálico y son accesibles a menores, puedan ofrecer vales canjeables por premios en especie o incluso otorgar premios en especie directamente. «Una vía para fomentar la ludopatía», según la diputada socialista Josefa Andrés.
Entre las 12 modificaciones que afectan a la Ley del Juego hay una que llama la atención porque parece diseñada para un caso muy concreto. Hasta la fecha los cargos de gerentes, administradores y apoderados de empresas de juego debían acreditar ante la Generalitat que carecían de antecedentes penales.
La nueva redacción que introduce la ley de acompañamiento elimina ese requisito y ha sido inmediatamente trasladada al decreto que regula el reglamento. Andrés sugiere que «algún empresario» del sector debe afrontar problemas con la justicia pero «debe ser tan poderoso» que el Consell se ha prestado a modificar la ley para no tener que retirarle la licencia.
La diligencia del Consell a la hora de autorizar las modificaciones del decreto que regula el reglamento del juego del bingo contrasta con la dilación habitual en el desarrollo normativo de la mayoría de las nuevas leyes aprobabas por las Cortes. Como botón de muestra, las leyes del teatro, de la danza o de archivos documentales, aprobadas hace meses, nunca han llegado a aplicarse por falta de desarrollo reglamentario.
