Comunidad Valenciana: Una ley del juego sin apoyo de la oposición, que se siente despreciada

No sacará las tragaperras de los bares durante 5 años pero no habrá nuevas autorizaciones. La nueva normativa restringirá la publicidad de las casas de apuestas.

La futura Ley de regulación del juego y de prevención de la ludopatía en la Comunidad Valenciana pasó ayer el trámite de enmiendas en comisión y ya está lista para su previsible aprobación en el pleno de las Cortes, aunque lo hizo entre los reproches de los grupos de la oposición, que vieron «despreciado» su trabajo y calificaron de «indecentes» las formas, al registrar el Botánico una treintena de enmiendas un día antes del debate.

De hecho, la reunión de la comisión comenzó con la petición del PP de suspenderla «por el número de enmiendas presentadas y su calado», ya que al haber tenido conocimiento de ellas en la tarde del lunes no podían decidir su voto. Cs respaldó esta propuesta para evitar «hacer un mal trabajo» y Vox reclamó más tiempo para estudiarlas.

PSPV, Compromís y Unidas Podemos destacaron el trabajo conjunto hasta llegar a las enmiendas consensuadas y subrayaron que con sus aportaciones a la ley se busca dar respuesta a la demanda social que pide regular el sector del juego ante su crecimiento, aunque teniendo en cuenta que es una actividad legal. Incidieron en la ponderación y el equilibrio, y en que se busca «restringir, no prohibir» la actividad.

Una de las cuestiones que habían suscitado debate público radicaba en las máquinas tragaperras en los establecimientos de hostelería. En el texto consensuado, según ha explicado el portavoz adjunto de podemos, Ferran Martínez, su propuesta inicial era «sacarlas» de los bares pero no se ha llegado hasta ahí.

Sí se ha establecido una moratoria de cinco años durante los cuales «no habrá nuevas autorizaciones ni se renovarán las existentes», lo que hará caer el número de estas máquinas en la hostelería. Durante ese periodo el Consell deberá elaborar un estudio sobre el impacto de estas máquinas en la sociedad que permita adoptar medidas posteriores.

Además, según señaló la diputada de Compromís Graciela Ferrer, se establece un sistema de activación y desactivación para estas máquinas, que deberá estar listo en un plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley.

Se plantea, asimismo, la eliminación progresiva de las máquinas auxiliares de apuestas conforme vayan acabando las licencias, y se incorpora un título nuevo en la norma sobre medidas de prevención del juego patológico que van desde la formación hasta la promoción del ocio alternativo, unidades de atención a afectados por ludopatía y una estrategia específica integral para la prevención del juego patológico.

El socialista José Muñoz explicó que se mantiene para salones de juego y las casas de apuesta la distancia mínima de 850 metros respecto a centros escolares -precisando que serán lineales y no radiales- que no se aplicará a casinos y bingos. En el primer caso, porque «el modelo de negocio no es el mismo, los grandes consumidores son turistas extranjeros» y tienen servicios de admisión «muy potentes», y en el caso de los bingos «es un negocio que va en decrecimiento y los propios consumidores van a hacer que se regule de manera natural».

También indicó respecto a las máquinas tragaperras que Podemos «tenía las expectativas más altas» pero «había un sector fundamental que hizo unas reclamaciones y consejos» y era necesario conciliar las posturas en pro también del desarrollo de estos negocios, aunque teniendo en cuenta que esto «es un plus».

Respecto a la publicidad, la ley restringe la de las casas de apuestas e incentivará con beneficios fiscales y ayudas a medios de comunicación, clubes deportivos y asociaciones que hagan campañas contra la ludopatía.

Por su parte, el popular Rubén Ibáñez denunció la «indecencia parlamentaria» de los grupos que sustentan al Consell y criticó el cambio de postura de PSPV, Compromís y Podemos: «Hace un mes y una semana los grupos del Botánico presentaron sus enmiendas y hoy han cambiado radicalmente de parecer y presentan otras». «El Consell del Botánico decidió dar la espalda a los ciudadanos, a los consumidores y usuarios y a las empresas del sector porque decidió no regular nada y dijo que eran los grupos parlamentarios los que lo tenían que regular. Y hoy estamos igual», manifestó.

Ruth Merino (Cs) criticó «el comportamiento y la utilización que han hecho de la normativa, totalmente lamentable, además de un ninguneo a la oposición». «Quieren que seamos constructivos, que aportemos y consensuemos, pero nos parece que es todo de boquilla, la impresión es que está todo pactado y encima ponen pegas e impedimentos para que no podamos ver las cosas hasta el último momento», incidió.

Fuente: El Recreativo