Consumo tira del padrón para agilizar las sanciones a los operadores de juego

El departamento que dirige Alberto Garzón está detectando problemas para comunicar las multas a los infractores, lo que está derivando en un atasco en la tramitación de las mismas, según explican fuentes al tanto de la situación. Y para solucionarlo ha solicitado poder entrar en la base padronal, según figura en la documentación publicada en el Boletín Oficial del Estado que ha consultado La Información.

El objetivo del Ministerio, según consta en el convenio, es poder llevar a cabo «con suficientes garantías» la iniciación de oficio de los procedimientos cuando el domicilio informado del infractor sea incorrecto o incompleto o bien cuando la notificación resulte infructuosa. Así lo permite la ley: «En los procedimientos iniciados de oficio, a los solos efectos de su iniciación, las Administraciones Públicas podrán recabar, mediante consulta a las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística, los datos sobre el domicilio del interesado recogidos en el Padrón Municipal».

El convenio suscrito por el Subsecretario del Ministerio de Consumo y el Director General de Coordinación Estadística y de Estadísticas Laborales y de Precios del Instituto Nacional de Estadística contempla, en concreto, cuatro procedimientos en los que el departamento de Garzón necesita acceso a la base padronal: trámites y comunicaciones genéricas con la Dirección General de Ordenación del Juego relacionados con el mercado del juego, con el objeto de acometer requerimientos previos a la iniciación de un procedimiento sancionador a sujetos regulados en la normativa sectorial, como resultado de actuaciones de inspección de su actividad; procedimiento sancionador por infracciones administrativas cometidas en materia de juego; responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de la administración; y revisión de disposiciones y actos nulos.

Hay que insistir en que la ley establece que «los datos del padrón municipal se cederán a otras administraciones públicas que lo soliciten sin consentimiento previo del afectado solamente cuando les sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias, y exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean datos relevantes». Para ello, la administración pública solicitante debe facilitar una relación de personas sobre las que necesite el domicilio o residencia para el ejercicio de sus competencias, siempre en base al reglamento de protección de datos.

El convenio, que inicialmente se ha firmado con una duración de cuatro años pero puede ser prorrogado de mutuo acuerdo, no va a generar contraprestaciones económicas entre las partes ni va a suponer gastos para ninguna de ellas, tal y como consta en la documentación. El objetivo del Ministerio es aprovechar la extensa base de datos que obra en poder del Instituto Nacional de Estadística para dotar de garantías al proceso sancionador desde el inicio, agilizando las propias notificaciones que, en muchas ocasiones, no llegan a su destino, tal y como explican fuentes conocedoras de estos procesos que insisten en que se está produciendo un atasco que se pretende solventar, en parte, gracias a este convenio.

Más de 88 millones en multas

Con los datos más recientes, el Ministerio de Consumo ha publicado las sanciones por infracciones graves o muy graves que ha comunicado en firme a 53 operadores del sector de las apuestas y juegos de azar online en España en el primer semestre de 2022. De las 53 resoluciones dictadas por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), 21 fueron por infracciones muy graves y supusieron la inhabilitación de los operadores por un periodo de dos años, además del cierre de sus respectivas webs, según informó a finales de noviembre el departamento de Garzón.

De acuerdo con las sanciones establecidas en la Ley de Regulación del Juego para las infracciones muy graves, 17 de estos operadores han sido castigados con multas de entre 4 y 5,1 millones de euros. Los cuatro restantes, con importes de un millón de euros cada uno. En total, las multas en este capítulo ascienden a 84,3 millones. La DGOJ también ha detectado infracciones graves en otros 32 operadores del sector de las apuestas y juegos de azar online durante este año y el pasado, y que se han hecho firmes en los primeros seis meses de 2022. En estos casos, las multas ascienden, en total, a más de cuatro millones de euros.

El Ministerio hace públicas las resoluciones sancionadoras firmes que se han impuesto por vía administrativa desde julio de 2021 como resultado de la última modificación de la LRJ, que establece que las infracciones graves y muy graves se publicarán en la página web de la DGOJ una vez notificadas a los interesados. Se trata, por lo tanto, de un ejercicio de transparencia que posibilita conocer cuáles son los dominios web sancionados por infracciones graves o muy graves. Es el caso de los operadores que ofrecen actividades relacionadas con el juego sin el correspondiente título habilitante o de quienes permiten jugar a personas que lo tenían prohibido sabiendo de tales prohibiciones, entre otras casuísticas.