El 29-N pone en jaque la reforma de la Ley del Juego y devuelve al Sector a la casilla de salida

El adelanto electoral paraliza de facto el recorrido parlamentario de la Reforma y obliga al Juego a mirar ya hacia el 29-N.

El adelanto de las elecciones generales al próximo 29 de noviembre cambia de arriba abajo el escenario en el que la DGOJ estaba preparando la reforma de la Ley del Juego. Pedro Sánchez anunció este lunes la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria electoral.

Y aquí está la clave para el Juego: la reforma que la DGOJ lleva meses preparando todavía no ha llegado al Parlamento. Por tanto, no hay un proyecto de ley que formalmente pueda caducar con la disolución de las Cámaras. La reforma pierde el tiempo político y parlamentario del que disponía para convertirse en ley durante esta legislatura. El propio Congreso explica que las iniciativas que ya están en tramitación caducan cuando se disuelven las Cámaras, mientras que el Ejecutivo deberá afrontar después el escenario de una nueva legislatura.

La reforma de la Ley del Juego se encuentra todavía en una fase previa. La consulta pública previa se abrió en mayo y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 la mantiene registrada como un anteproyecto cuyas aportaciones se recibieron hasta el 22 de junio. En la documentación oficial, la Administración planteó una modificación de amplio alcance para reforzar la lucha contra el fraude y el Juego ilegal, mejorar los sistemas de identificación, incorporar a los proveedores de Juego al ámbito regulatorio, revisar las políticas de protección, actualizar la regulación publicitaria y adaptar el régimen sancionador.

Después de aquella consulta llegaron las reuniones con los distintos actores. La DGOJ anunció el 21 de julio que había recibido más de 50 alegaciones y que comenzaba una ronda de encuentros antes de redactar el nuevo texto. La primera reunión fue con Jdigital, seguida por los representantes del Juego presencial y otros actores, entre ellos LaLiga o incluso la ONCE. El organismo explicó entonces que, una vez terminada la fase de reuniones, elaboraría un texto articulado que tendría que pasar posteriormente por información y audiencia pública antes de continuar su tramitación normativa.

No en vano, como pudimos ver en la entrevista a Alejandro Landaluce, la propia DGOJ trasladó a CEJUEGO que no habrá tiempo para que la Ley sea modificada durante la actual legislatura. La intención sería que el Gobierno deje preparado un texto aprobado por el Ejecutivo, pero sin completar el posterior trámite parlamentario. Como afirmó el propio director de CEJUEGO, la intención de la DGOJ con estas reuniones era “la de dejar un texto aprobado por el Gobierno, pero sin pasar el trámite parlamentario, es decir, algo parecido a un ‘legado’ para los próximos que vengan”.

Entre la disolución de las Cortes y el 29-N, la DGOJ puede seguir desarrollando su trabajo administrativo y técnico y el Gobierno todavía no está formalmente en funciones. Pero el Parlamento ya no está disponible para tramitar la reforma. Incluso aunque Consumo consiguiera avanzar notablemente en el anteproyecto durante estas semanas, resultaría imposible convertirlo en una ley ordinaria durante esta legislatura porque no habrá unas Cortes en funcionamiento que puedan tramitarla.

A partir del 29 de noviembre se abrirá el verdadero interrogante. El Congreso deberá constituirse dentro de los 25 días siguientes a las elecciones y habrá que conocer qué mayoría parlamentaria surge de las urnas y quién acaba formando Gobierno. Si el nuevo Ejecutivo mantiene la reforma, todo el trabajo realizado por la DGOJ podrá servir como material de partida, pero será necesario comprobar qué decisiones políticas adopta el nuevo Gobierno y qué recorrido le quiere dar. Si cambia el Gobierno o cambia sustancialmente la mayoría parlamentaria, el texto puede modificarse de arriba abajo, ralentizarse o incluso quedar aparcado.

Y ahí es donde el Sector tiene un escenario abierto. No es lo mismo reformar la Ley del Juego con el actual equilibrio político que hacerlo después de unas elecciones en las que pueden cambiar Gobierno, mayorías, prioridades y hasta el propio responsable político de Consumo. Las reclamaciones del Juego privado sobre la igualdad regulatoria con el Juego público, el tratamiento de las terminales de SELAE y ONCE, la publicidad, los proveedores, la lucha contra el mercado ilegal o el impacto de nuevas obligaciones tendrán que encontrar su sitio en ese nuevo tablero. O al menos eso esperamos…

Por eso el 29-N no supone necesariamente la muerte de la reforma, pero sí puede suponer su reinicio político. El texto que finalmente llegue al BOE dependerá ya de un Parlamento distinto y, posiblemente, de un Gobierno distinto. Y para el Sector eso significa que la gran incógnita ya no es sólo qué quiere cambiar la DGOJ, sino quién tendrá finalmente capacidad para decidir qué se cambia y cuándo.

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Fuente: AZARplus