La edición de ICE 2026 contará con más participantes de España que en 2025
4 diciembre, 2025
Amplían el plazo para tramitar ‘bajas temporales’ de máquina B hasta las 23:59:59 horas del 18 de diciembre
9 diciembre, 2025
Entrará en vigor el 1 de enero de 2027 para quienes tributen el impuesto de sociedades y el 1 de julio para el resto.
El Gobierno ha decidido retrasar un año la entrada en vigor del nuevo reglamento de facturación electrónica para las empresas y los profesionales, Verifactu, que habían reclamado las organizaciones de trabajadores autónomos.
El real decreto ley, que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros para cumplir con los compromisos pendientes con Junts, incluye la ampliación del plazo, tal y como avanzó horas antes el presidente Pedro Sánchez y concretaron luego desde el Ministerio de Hacienda.
Así, desde el 1 de enero de 2027 se exigirá a profesionales y empresas que tributan el impuesto de sociedades, y se mantendrá un plazo más largo para el resto de empresas y autónomos que utilicen sistemas informáticos de facturación. En su caso, la obligatoriedad empezará el 1 de julio de 2027.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha destacado la importancia de esta «prórroga» antes de la aplicación de los requisitos de la normativa, sobre todo para pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos.
De hecho, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha afirmado este martes que los trabajadores por cuenta ajena «no estaban preparados» para el cambio y que su proximidad estaba generando «malestar» en el colectivo. «Es un alivio ante la marea de carga y de trámites que sufrimos los autónomos (…) Bienvenido sea», ha afirmado en unas declaraciones remitidas a los medios.
El Gobierno ha decidido retrasar un año la entrada en vigor del nuevo reglamento de facturación electrónica para las empresas y los profesionales, Verifactu, que habían reclamado las organizaciones de trabajadores autónomos.
El real decreto ley, que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros para cumplir con los compromisos pendientes con Junts, incluye la ampliación del plazo, tal y como avanzó horas antes el presidente Pedro Sánchez y concretaron luego desde el Ministerio de Hacienda.
Así, desde el 1 de enero de 2027 se exigirá a profesionales y empresas que tributan el impuesto de sociedades, y se mantendrá un plazo más largo para el resto de empresas y autónomos que utilicen sistemas informáticos de facturación. En su caso, la obligatoriedad empezará el 1 de julio de 2027.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha destacado la importancia de esta «prórroga» antes de la aplicación de los requisitos de la normativa, sobre todo para pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos.
De hecho, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha afirmado este martes que los trabajadores por cuenta ajena «no estaban preparados» para el cambio y que su proximidad estaba generando «malestar» en el colectivo. «Es un alivio ante la marea de carga y de trámites que sufrimos los autónomos (…) Bienvenido sea», ha afirmado en unas declaraciones remitidas a los medios.
Un registro inalterable y accesible por la Agencia Tributaria
El sistema de verificación de facturas Verifactu establece que los sistemas informáticos de facturación tienen que generar un registro que no puede modificarse ni borrarse y que tiene que estar accesible para la Agencia Tributaria, ya sea remitiendo la información directamente o manteniéndola almacenada en condiciones de seguridad.
Estos nuevos requisitos son obligatorios para todos los profesionales y sociedades que utilizan un software de facturación —salvo aquellos adscritos al suministro inmediato de información y los residentes en País Vasco y Navarra—, por lo que no afectan a quienes facturan de manera manual.
Sánchez también ha anunciado que el real decreto ley flexibilizará las inversiones financieramente sostenibles para los ayuntamientos, que son aquellas que no computan para la regla de gasto.
De esta manera, los ayuntamientos tendrán más «facilidad para invertir en proyectos que no impliquen un gasto corriente», como la «construcción de vivienda» o la gestión del agua, sin incumplir con sus obligaciones fiscales.
