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El sector del juego es uno de los muchos sectores severamente afectados por la pandemia de coronavirus y las restricciones sanitarias impuestas tanto por el Gobierno de España como por los gobiernos autonómicos.
También en la Comunitat Valenciana y en València ciudad, donde los establecimientos de juego llevan cerrados este año desde el pasado 21 de enero. Clausura temporal que se suma a la que ya se vivió el año pasado durante el confinamiento primaveral.
El impacto de la crisis en los locales de juego no es baladí. Por ello, las empresas del sector han estado solicitando, entre otras muchas cosas, ayudas fiscales a las administraciones públicas. Uno de los locales de referencia en la capital de València es el Casino Cirsa, que ya ha iniciado la disputa con el Ayuntamiento de València para conseguir que se le devuelva parte del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) abonado el año 2020, y en concreto la cuantía proporcional a los meses en que todos los negocios estuvieron cerrados.
La lógica parece estar de la parte privada: «Si no se produce el hecho tributario, no se puede devengar el derecho«, sentencian fuentes del Casino a preguntas de este diario: «El IAE deriva estrictamente del desarrollo de una actividad económica, por lo que en el momento en el que no hay actividad, deja de producirse el hecho tributario«. A todo ello se le suma que los dos períodos de cierre han sido «por fuerza mayor«, esto es, que ha sido la administración pública la que ha obligado a la clausura temporal para contener el avance de la pandemia.
Huelga recordar que este gravamen se aplica a aquellos negocios cuya facturación anual supera el millón de euros. Y a juzgar por el nivel impositivo recogido en las normativas municipales, la recaudación anual en el caso del Casino podría rebasar holgadamente el medio millón de euros. Así pues, cuando se produjo la liquidación del IAE de 2020, a mediados del pasado ejercicio, el Casino Cirsa abonó la cantidad correspondiente y también presentó ante el Jurado Tributario local una reclamación económico-administrativa para conseguir la devolución de una parte por el cierre.
Por el momento, el organismo todavía no ha emitido una respuesta al respecto. No obstante, fuentes del Casino explican que si la resolución es negativa, con toda probabilidad se irá a los tribunales por la vía del recurso contencioso-administrativo. En este sentido, dichas fuentes manifestaron bastante seguridad sobre la futura victoria en este pulso, hasta el punto de que ya avanzan que si en 2021 se cobra el IAE incluyendo los casi tres meses de cierre, la respuesta será la misma: reclamación y recurso.
Es la misma medida que ya anunciaron los hoteles de la ciudad a finales de 2020, que tras pedir un socorro fiscal al consistorio y no obtenerlo, amenazaron con llevar la cuestión a los tribunales con el propósito de conseguir esa suerte de exención durante los meses en los que no hubo actividad durante el pasado ejercicio.
Ante este panorama, recuerdan en el Casino, la Generalitat Valenciana el año pasado tuvo bastante consideración en este asunto al bonificar las tasas del sector del juego durante el primer cierre. De ahí que en el Casino hayan echado en falta la misma comprensión en la administración municipal, siendo que ambas instituciones están gobernadas por casi las mismas fuerzas políticas -PSPV, Compromís y Unides Podem en la Generalitat; y Compromís y socialistas en el Ayuntamiento de València-.
El TSJ anula el cierre al juego
La situación de hartazgo llevó este jueves a empresas y trabajadores del sector del juego a echarse a la calle frente al Palau de la Generalitat para denunciar los 84 días de cierre del juego, siendo el «único [sector] diurno que se mantiene cerrado sin justificación sanitaria alguna«. Casualidad o no, por la tarde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) les daría la razón suspendiendo -cautelarmente- el cierre de bingos, casinos y otros locales dedicados al juego y actividades recreativas decretado en enero.
Los magistrados no aprecian que la reapertura de estos locales, con las condiciones y restricciones a la actividad «vaya a producir perturbación grave de los intereses generales«, dada la buena situación epidemiológica actual en la Comunitat. Y también destacan que no se encuentra «justificación ni motivación suficiente para mantener la medida de cierre» en la situación actual, «sin perjuicio de posibles situaciones futuras distintas que determinen que la administración adopte las medidas precautorias que considere adecuadas».
