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El Consejo de Ministros prevé aprobar mañana la nueva ley del juego, que no cuenta con el visto bueno de los principales actores del sector. Empresarios de casinos, bingos, máquinas recreativas y salones de jeugo consideran que la nueva regulación puede romper el equilibrio entre el sector de juego público y el privado en España.
Argumentan, en este sentido, que la redacción del anteproyecto de ley, que el Ministerio de Economía ha colgado en la web para someterlo a consulta pública, deja la puerta abierta a que Loterías y Apuestas del Estado pueda comercializar cualquier juego a través de cualquier tipo de soporte y en cualquier establecimiento sin ninguna clase de autorización. Esto es, a juicio del sector, especialmente grave si tenemos en cuenta que la próxima privatización de una parte de la nueva Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y que lógicamente los socios privados tratarán de sacar la máxima rentabilidad al negocio. Con esta redacción, la nueva LAE, sin necesidad de autorización previa y sin pagar impuestos, podría capatar parte del mercado del sector del juego privado, generando competencia desleal respecto a éste, señalan.
También hay unanimidad en el sector en las críticas a la regulación del juego a través de internet. A su juicio la nueva norma, que por primera vez regula esta actividad, da ventaja a los operadores de juego «on line» que llevan años actuando de «forma ilegal» en la red, sin autorización previa, sin pagar impuestos en nuestro país, sin crear puestos de trabajo, … «Todos deberíamos partir de cero», argumentan fuentes del sector del juego privado consultadas por ABC. Explican, en este sentido, que otros países europeos, como Francia, al regular la actividad, han obligado a estos operadores a hacer una puesta a cero, o cancelación de sus basos de datos y saldos de clientes para no partir con una situación de ventaja obtenida fuera de la regulación existente. Algunos fiscalistas defienden incluso la posibilidad de obligar a estos operadores a regularizar su situación fiscal por los beneficios obtenidos por su actividad en nuestro país.
La nueva norma prevé, asimismo la creación de un impuesto sobre actividades de juego, que gravará la celebración u organización de juegos, rifas, concursos y apuestas. Y también este nuevo tributo provoca la crítica del sector que considera que está desenfocada la nueva fiscalidad, ya que no utiliza como base del impuesto los beneficios que se obtienen en el juego, una vez descontados los premios, sino los ingresos brutos, con lo que se está perjudicando a aquellos juegos en los que más premios se dan. Y en este ámbito autonomías y Gobierno negocian todavía quién se quedará con los ingresos porque las competencias sobre el juego están cedidas.
Y en vísperas de la aprobación de la ley, el Ministerio de Economía y Hacienda anunció ayer que Aurelio Martínez, ex presidente del ICO, será el presidente del futuro operador Loterías y Apuestas del Estado.
