El Gobierno acepta renegociar las restricciones en la hostelería

El giro se produce después de que la Audiencia suspendiera cautelarmente las limitaciones en Madrid. Sanidad propone una nueva reunión con las autonomías para llegar a un acuerdo.

El Gobierno reculó ayer lunes sobre las restricciones a la hostelería aprobadas la semana pasada en el Consejo Interterritorial. Después de que varias autonomías se declararan en rebeldía, denunciando una invasión de competencias, el Ministerio de Sanidad se puso en contacto con las comunidades para buscar nuevas fórmulas y propiciar un consenso que hasta ahora se ha comprobado imposible. Atrás ha quedado la posición del departamento que dirige Carolina Darias, que hasta ahora señalaba que lo aprobado en el organismo era de «obligado cumplimiento».

El giro se produce después de que la Audiencia Nacional diera la razón a la Comunidad de Madrid, al menos de momento, y decidiera suspender el cumplimiento en Madrid de las restricciones al ocio nocturno y la hostelería acordadas para toda España en el Consejo Interterritorial de Salud y publicadas el sábado en el BOE. En un auto, el tribunal estima las medidas cautelarísimas incluidas en el recurso del Gobierno en funciones de Isabel Díaz Ayuso para oponerse al acuerdo.

En su recurso, Madrid solicitaba como medidas cautelarísimas (para que se resuelvan sin oír a las partes) y cautelares (tras estudiar las alegaciones que se presenten) no aplicar unas restricciones que, España dio ayer un paso más en la u apertura de fronteras. Tres semanas antes de su implantación en toda la UE, varias comunidades autónomas, como parte de la prueba piloto, empezaron a expedir el certificado covid. El documento permite la libertad de movimientos por el territorio europeo, al atestiguar que su portador está vacunado, ha superado la enfermedad o aporta un test negativo. Al mismo tiempo, desde ayer se permite la entrada en territorio español de viajeros vacunados procedentes de países que no son del espacio Schengen, salvo la India, Brasil y Sudáfrica. en opinión del Gobierno regional, «causan un daño inmediato, irreparable e insubsanable». La Sala de lo Contencioso-Administrativo le dió la razón y acordó suspender el cumplimiento y dar un plazo de tres días a la Administración General del Estado para que presente alegaciones para poder pronunciarse más en profundidad sobre las medidas cautelares.

El tribunal considera que se está ante dos intereses públicos en conflicto, uno el que representa la Administración del Estado y otro el que alega la Comunidad de Madrid, y en este momento el primero no sufre riesgo apreciable si las restricciones no se cumplen de momento. «Por el contrario, consideramos que el interés público que alega la comunidad autónoma está más necesitado de protección cautelar urgente», aseguran los magistrados de la Sección Octava.

Evitar incertidumbres

«Si no se adoptara ahora la medida cautelarísima, el escenario de incertidumbre se vería seriamente agravado y perjudicado si se admite un cambio en el nivel de restricciones. Se generarían así tres niveles distintos de restricción en un lapso temporal breve, lo que no es fácilmente justificable para el ciudadano, destinatario último de la protección pública ínsita en la discusión que nos ocupa», asegura la Audiencia.

En todo caso, agrega, la seguridad jurídica «concentra un interés público especialmente intenso, de tal suerte que su protección momentánea revela un interés cualificado, que denota la urgencia y necesidad de la medida cautelarísima y la justifica».

Pocos minutos después de conocerse la decisión del tribunal, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, señaló que la Comunidad de Madrid y al Gobierno buscarán «alternativas consensuadas»