El Gobierno elige la fiscalidad más voraz para la futura ley del juego

El borrador de la norma abre la publicidad en los medios de comunicación, incluida la televisión, aunque habrá límites. El sector del juego online espera que el texto mejore. El gobierno elige a la fiscalidad más voraz para la futura ley del juego

El Gobierno se ha decantado por la fiscalidad más gravosa para el juego en el Anteproyecto de Ley que está estudiando, y al que ha tenido acceso EXPANSIÓN. De esta forma, los planes del Ejecutivo son que tribute el volumen de negocios en las apuestas deportivas, por lo que dibuja un panorama, al menos de momento, poco atractivo para las empresas que miran el mercado español. Aunque el texto no fija el tipo aplicable, el régimen elegido no es positivo para el sector del juego online, que demanda un impuesto que grave los beneficios brutos.

Este sector es el principal protagonista de la ley, ya que ahora se encuentra sin regulación. La ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, aseguró el pasado viernes tras el Consejo de Ministros que el impuesto recaerá sobre los operadores. Sin embargo, las empresas alertan de que la modalidad que ha elegido el Gobierno obliga a los operadores a trasladar el impuesto a los consumidores, encareciendo las apuestas. Otro aspecto que genera incertidumbre para las empresas del juego online y, sobre todo, para los medios de comunicación, es que la publicidad, que se regula por primera vez en España, tendrá ciertos límites, pero no se especifica cuáles, ya que se establecerán en un reglamento.

Las empresas dicen que les parece restrictivo el texto porque quien quiera anunciarse deberá presentar la licencia de operador, que se otorgará por la Comisión Nacional de Juego mediante la forma de concurso público. Además, el Anteproyecto sí que abre el mercado del juego a todo tipo de empresas. Medios de comunicación o compañías del sector de las telecomunicaciones podrán ser los propios operadores de apuestas online, lo que ofrece nuevos nichos de negocio a periódicos, televisiones o a la telefonía móvil, por ejemplo. Por otra parte, la futura norma deroga la Ley 34/1987 de Potestad Sancionadora del Juego y deja atrás la esfera penal. Así, las sanciones administrativas que se contemplan serán de entre uno y 50 millones de euros para las infracciones muy graves, la inhabilitación por un periodo máximo de cuatro años o, incluso, el cierre o clausura de las actividades; entre 100.000 euros y un millón en el caso de infracciones graves y la suspensión de actividades hasta dos años, y de hasta 100.000 euros en el caso de las leves.

El Consejo de Ministros del pasado viernes analizó un informe sobre el Anteproyecto del que sólo trascendió que se creaba un impuesto, del que ONCE y Loterías y Apuestas del Estado (LAE) estarán exentos y que esta última se abrirá al capital privado a partir de 2011. Aunque Salgado afirmó que la recaudación del tributo irá, casi en su totalidad, a las comunidades, el Anteproyecto que se conoce no fija el porcentaje de la recaudación que se llevará cada región, en los juegos que tengan un ámbito superior al de una autonomía. Es aquí donde el Estado asume la competencia del juego, situación habitual en el caso de las apuestas online. El sector Las asociaciones de empresas de juegos remotos, por su parte, lamentan que el Ejecutivo, de momento, haya optado por gravar el volumen de negocios en las apuestas deportivas.

Así lo hace Manuel Espárrago, portavoz en España de la Remote Gambling Association (RGA), que recuerda que son estas apuestas las que concentran el grueso del negocio online: «Esta imposición alejará a los operadores europeos del mercado, lo cual ocasionará menores ingresos para los Estados y menores opciones para los consumidores, y podría infringir las normas europeas de la competencia por distorsión del mercado», alerta. Con un gravamen sobre el volumen de negocios, detalla Espárrago, «los operadores trasladan el impuesto a los consumidores, los productos de alto volumen y estrecho margen se hacen inviables y los consumidores pueden recurrir a alternativas como jugar en un mercado negro libre de impuestos». A su vez, Sacha Michaud, presidente de la Asociación Española de Apostadores Por Internet (Aedapi), recuerda que, con una regulación mejor estructurada, «el sector podría llegar a duplicar la facturación en los tres años siguientes». Las patronales del sector tradicional Cofar, AECJ y CEJ estiman que el juego online mueve más de 600 millones de euros. fiscalia

El Gobierno se ha decantado por la fiscalidad más gravosa para el juego en el Anteproyecto de Ley que está estudiando, y al que ha tenido acceso EXPANSIÓN. De esta forma, los planes del Ejecutivo son que tribute el volumen de negocios en las apuestas deportivas, por lo que dibuja un panorama, al menos de momento, poco atractivo para las empresas que miran el mercado español. Aunque el texto no fija el tipo aplicable, el régimen elegido no es positivo para el sector del juego online, que demanda un impuesto que grave los beneficios brutos. Este sector es el principal protagonista de la ley, ya que ahora se encuentra sin regulación.

La ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, aseguró el pasado viernes tras el Consejo de Ministros que el impuesto recaerá sobre los operadores. Sin embargo, las empresas alertan de que la modalidad que ha elegido el Gobierno obliga a los operadores a trasladar el impuesto a los consumidores, encareciendo las apuestas.

Otro aspecto que genera incertidumbre para las empresas del juego online y, sobre todo, para los medios de comunicación, es que la publicidad, que se regula por primera vez en España, tendrá ciertos límites, pero no se especifica cuáles, ya que se establecerán en un reglamento. Las empresas dicen que les parece restrictivo el texto porque quien quiera anunciarse deberá presentar la licencia de operador, que se otorgará por la Comisión Nacional de Juego mediante la forma de concurso público.

Además, el Anteproyecto sí que abre el mercado del juego a todo tipo de empresas. Medios de comunicación o compañías del sector de las telecomunicaciones podrán ser los propios operadores de apuestas online, lo que ofrece nuevos nichos de negocio a periódicos, televisiones o a la telefonía móvil, por ejemplo.

Por otra parte, la futura norma deroga la Ley 34/1987 de Potestad Sancionadora del Juego y deja atrás la esfera penal. Así, las sanciones administrativas que se contemplan serán de entre uno y 50 millones de euros para las infracciones muy graves, la inhabilitación por un periodo máximo de cuatro años o, incluso, el cierre o clausura de las actividades; entre 100.000 euros y un millón en el caso de infracciones graves y la suspensión de actividades hasta dos años, y de hasta 100.000 euros en el caso de las leves.

El Consejo de Ministros del pasado viernes analizó un informe sobre el Anteproyecto del que sólo trascendió que se creaba un impuesto, del que ONCE y Loterías y Apuestas del Estado (LAE) estarán exentos y que esta última se abrirá al capital privado a partir de 2011. Aunque Salgado afirmó que la recaudación del tributo irá, casi en su totalidad, a las comunidades, el Anteproyecto que se conoce no fija el porcentaje de la recaudación que se llevará cada región, en los juegos que tengan un ámbito superior al de una autonomía.

Es aquí donde el Estado asume la competencia del juego, situación habitual en el caso de las apuestas online.

El sector
Las asociaciones de empresas de juegos remotos, por su parte, lamentan que el Ejecutivo, de momento, haya optado por gravar el volumen de negocios en las apuestas deportivas. Así lo hace Manuel Espárrago, portavoz en España de la Remote Gambling Association (RGA), que recuerda que son estas apuestas las que concentran el grueso del negocio online: «Esta imposición alejará a los operadores europeos del mercado, lo cual ocasionará menores ingresos para los Estados y menores opciones para los consumidores, y podría infringir las normas europeas de la competencia por distorsión del mercado», alerta.

Con un gravamen sobre el volumen de negocios, detalla Espárrago, «los operadores trasladan el impuesto a los consumidores, los productos de alto volumen y estrecho margen se hacen inviables y los consumidores pueden recurrir a alternativas como jugar en un mercado negro libre de impuestos».

A su vez, Sacha Michaud, presidente de la Asociación Española de Apostadores Por Internet (Aedapi), recuerda que, con una regulación mejor estructurada, «el sector podría llegar a duplicar la facturación en los tres años siguientes». Las patronales del sector tradicional Cofar, AECJ y CEJ estiman que el juego online mueve más de 600 millones de euros.