El Gobierno estudia «punto por punto» las demandas de Las Vegas Sands

El principal accionista, el empresario Sheldon Adelson, trasladó el 21 de febrero al Gobierno sus condiciones para invertir en España

La inversión es demasiado golosa para dejarla escapar. Al menos sin haber hecho todo lo posible. Por eso el Gobierno está estudiando «punto por punto» las peticiones que el empresario Sheldon Adelson entregó al secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, hace unas semanas para instalar el complejo de ocio que promueve Las Vegas Sands Corporation (LVSC) en España, según explicaron a La Vanguardia fuentes gubernamentales.

La cautela del Gobierno presidido por Mariano Rajoy se entiende ante las duras exigencias de los norteamericanos, de ahí que quieran negociar punto por punto. Algo a lo que la firma de Adelson está abierta. El Ejecutivo no está dispuesto, por ejemplo, a aumentar exenciones fiscales pero sí a reducir tipos.

El Ministerio de Industria, al que pertenece García Legaz, ha distribuido las peticiones entre el resto de departamentos y les ha pedido que las estudien, así como que elaboren posibles alternativas que sirvan para incentivar la decisión de que la inversión se quede en Catalunya o en Madrid. El trabajo se está realizando con relativa premura, pues la compañía de Adelson tiene previsto tomar su decisión antes del verano.

Aunque muchas de las peticiones parecen complicadas de asumir, como la de cambiar la legislación de extranjería (tanto para facilitar el trabajo de sus directivos como para agilizar los visados de turistas ajenos al área Schengen) o la condonación de cuotas de la Seguridad Social por dos años y la mitad en los tres siguientes, estas fuentes restaron trascendencia a su alcance y explicaron que lo que está reclamando la empresa norteamericana son todas las facilidades posibles.

Por eso, más importante que las peticiones concretas es que el Gobierno realice gestos claros de que está dispuesto a hacer alguna concesión y, sobre todo, a impulsar el proyecto sea cual sea la opinión del resto de administraciones implicadas. En este sentido, los inversores priorizan sobre el resto de materias que todos los aspectos administrativos o vinculados a las licencias no supongan un freno a la construcción del proyecto, lo que depende de la Administración central y también, parcialmente, de la autonómica.

La Generalitat trabaja a toda máquina. Las reuniones con los representantes de Las Vegas Sands Corporation son continuas. Equipos de los departamentos de Presidència, Economia y Territori trabajan conjuntamente en las negociaciones. Cada semana hay reuniones con representantes de la sociedad. «Piden mucha información», explican fuentes conocedoras de estas reuniones. «Por ahora las cosas van bien», afirman.

De hecho, desde el mes de julio del año pasado los contactos son habituales. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, se ha reunido al menos tres veces con Sheldon Adelson en persona a pesar de que sólo ha trascendido una de las reuniones, la que se celebró el 21 de febrero en el Palau de la Generalitat.

Mas ha dado continuidad en estas reuniones a las conversaciones entre la firma y el gobierno de José Montilla que quedaron aparcadas cuando LVSC paró su proyecto de expansión en Europa debido a la crisis financiera. De hecho, el propio Adelson ya había viajado a Barcelona en una ocasión, en octubre del 2008. El expediente de aquellas conversaciones formó parte de la documentación que el anterior conseller Antoni Castells trasladó al nuevo titular del Departament d’Economia, Andreu Mas-Colell, que en otoño viajó a Las Vegas junto al secretario de Territori i Mobilitat, Damià Calvet.

Recuperadas tres años después, ahora las conversaciones en Catalunya se desarrollan estrictamente con representantes del Govern de la Generalitat. Ninguno de los alcaldes concernidos por el proyecto, es decir, los de Gavà, Viladecans, Sant Boi y El Prat (se han sopesado otros municipios aledaños, pero han quedado descartados) tienen una vía directa con la compañía. Los propios municipios admiten que han recibido «alguna» información del Govern, incluido el alcalde de Barcelona y presidente del área metropolitana, Xavier Trias.

La Generalitat está en condiciones legales de convertir este proyecto en una ley en la que se regulen las condiciones administrativas, urbanísticas, financieras y fiscales a imagen y semejanza de la que se hizo para Port Aventura. Pero parece difícil imaginar que pueda desarrollarse el plan al margen de los ayuntamientos o en contra de su opinión.

Los beneficios fiscales para los municipios serían relevantes. El Ayuntamiento de Madrid realizó una estimación de los ingresos que podría reportarle la construcción del complejo en los terrenos de Valdecarros (zona sur de la ciudad) y sólo el impuesto de construcciones -sobre una inversión de 8.000 millones de euros- estimaba que generaría 328 millones. Una vez desplegado todo el proyecto (sobre una superficie edificada de algo más de 600 hectáreas), calculó que los ingresos por IBI e IAE podrían devengar anualmente unos 56 millones.

La estrategia de la compañía consiste en obtener terrenos para implantar su negocio pero adquiere los de los alrededores para garantizarse el control del entorno y beneficiarse del incremento del precio que generará su propia implantación. Las estimaciones de Madrid se quedarían cortas si se tiene en cuenta esa hipotética expansión.

Sin embargo, está por ver si las negociaciones sobre bonificaciones fiscales que la compañía ha demandado a las administraciones podrían también afectar a los municipios porque entonces estas previsiones se vendrían abajo. Por ahora los alcaldes -incluso aquellos que se han pronunciado abiertamente en contra y que también han recibido información- se mantienen a la espera.

Entre tanto, el sábado por la mañana una plataforma de vecinos de Madrid se manifestó contra el proyecto. Las agencias internacionales informaron de la marcha.