Si no es así, será uno de los puntos que vayan al previsible pleno extraordinario que se convoque en julio, en fecha por determinar, añaden las fuentes consultadas. El Senado recibirá el documento y seguramente lo tramitará con celeridad. Su llegada al BOE podría ser, por tanto, cuestión de pocos meses; si no durante el verano, en cuanto empiece septiembre.
La razón que está detrás de semejante velocidad es meramente instrumental, pero obviamente detrás hay un motor político. El Gobierno quiere que la ley entre en vigor pronto, por lo que implica y las comunidades autónomas demandan la norma para despejar cualquier sombra de duda en cuanto a su seguridad jurídica. El Congreso, sede del poder legislativo, actuará en consecuencia. En la Comisión de Sanidad, por tanto, pondrán el turbo.
Pero nada indica que pase lo mismo en la Comisión de Sanidad y Consumo, que preside la diputada del PP Rosa Romero. Para empezar, el PSOE y el PP están de acuerdo tanto en el contenido de la ley como en la necesidad de que entre en vigor pronto. Unidas Podemos no navega por otras aguas y quiere también que la norma se haga realidad cuanto antes. Al fin y al cabo, el titular del Ministerio proponente es Alberto Garzón.
De qué trata la ley
Los grupos han registrado ya las enmiendas, lo que facilitará la ejecución de los tiempos. Hasta mediados del pasado mes de mayo, durante dos meses en total, la norma vivió en el limbo de las prórrogas de las enmiendas. Pero en cuanto la Mesa desatascó, las propuestas de los grupos parlamentarios para intentar cambiar la redacción del texto fluyeron con rapidez. Hace siete días, los portavoces en la Comisión de Sanidad recibieron instrucciones sobre la idoneidad de la ley, y por tanto, su celeridad. Entre los interesados, las comunidades autónomas, tanto las gobernadas por el PSOE como las gobernadas por el PP.
Que sea una ley de corta extensión ayudará a los deseos de Gobierno, autonomías y Congreso. De hecho, es la modificación de dos aspectos de una ley en vigor desde hace diez años, la Ley 13/2011 de regulación del juego. La propuesta en ciernes propone, por un lado, reforzar la atención a los grupos vulnerables frente a las apuestas, en especial los jóvenes, y por otro, la creación de un Servicio de investigación del fraude en tales apuestas, sobre todo las deportivas.
Ya la norma de 2011 mencionaba, como principio legislativo, la “seguridad, fiabilidad y transparencia de las operaciones de juego”, así como la garantía de la normativa sobre su explotación. En la exposición de motivos, el muñidor de la medida, que es el Ministerio de Consumo, recalca que “uno de los fenómenos más preocupantes observados es el del fraude y manipulación de las competiciones deportivas”. Es, a su vez, “una de las mayores amenazas que se ciernen sobre el deporte”.
Hace un año se cambió la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que era una tarea encomendada, por cierto, por una directiva europea. La modificación versó sobre el establecimiento de una serie de normas contra “las prácticas de elusión” tributaria relacionadas con la regulación del juego. Una Dirección General asumió la tarea: la Dirección General de Ordenación del Juego.
Sin embargo, la lucha contra el fraude requería una segunda entidad y esto es justo lo que aborda el proyecto legislativo que el Congreso quiere aprobar ya.
En la misma exposición de motivos se explica que la colaboración en el ámbito contra el fraude en las apuestas deportivas necesita un refuerzo, y no sólo para la eficacia de la acción, sino también para cubrir las lagunas de seguridad jurídica. De ahí que se busque con el proyecto nuevo una “referencia expresa al instrumento técnico en el que los diversos actores interesados en la erradicación de estos fenómenos comparten información”. Su nombre: “Servicio de investigación global del mercado de apuestas”.
Investigación con datos personales
La modificación de la ley de 2011 consiste en un artículo único dividido en dos apartados. El primero pide añadir al artículo 21 un nuevo epígrafe para “proteger a los grupos de jugadores en riesgo”. El segundo postula una nueva disposición adicional, la novena; aquí se dice cómo trabajará ese Servicio de investigación.
Su objetivo será “la prevención y lucha contra el fraude en el mercado de apuestas deportivas y la manipulación en competiciones de este tipo, por medio del oportuno intercambio de información entre sus participantes”. Se implicarán, a través de una “red de cooperación interactiva y accesible por vía telemática”, el Consejo Superior de Deportes, las federaciones deportivas, las ligas profesionales, los operadores de juego y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La Dirección General mencionada antes se encargará de suministrar la información sobre lo que considere “susceptible o sospechoso de constituir un fraude” y las fuerzas policiales gestionarán esos datos con las debidas garantías, es decir, conforme a los reglamentos europeos y las leyes nacionales.
El Servicio de Investigación podrá manejar datos personales si constituyen “indicios” de fraude. Tales datos podrán ser los de los teléfonos móviles, los de la competición presuntamente manipulada y sobre los equipos y eventos. Los que bajo ningún concepto podrán estudiar son los que revelen raza, etnia, opiniones políticas, credo religioso, afiliación sindical, orientación sexual, estado de salud o enfermedades. Como máximo estarán un año en poder de los investigadores.
Al Servicio, además, se le dará poder para que no sean entorpecidas las pesquisas que haya iniciado.
La redacción, obviamente, podrá ser modificada si la mayoría pacta enmiendas. Las que han registrado los grupos son de diversa índole. El PSOE y Unidas Podemos, como demostración de que aquí van de la mano, han presentado las mismas propuestas. Una de ellas apunta a una serie de puntualizaciones en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios; serán ajustes en los mecanismos sancionadores.
Ciudadanos, por su parte, pretende restringir la publicidad sobre el juego a los menores y efectúa un planteamiento interesante: fijar un límite de pérdidas diarias en las apuestas. El PNV busca dar potestad a la Ertzaintza en la persecución de prácticas fraudulentas, en tanto que el PP postula un Plan Nacional de Actuación del Sector del Juego. ERC, JxCat y Compromís piden ajustes fiscales en el sector.
Que las propuestas de los grupos, tal y como están escritas o tras ser modificadas como consecuencia de las transacciones, se incorporen al texto es algo que se comprobará la semana que viene en un trámite exprés. Uno más. El Congreso se está acostumbrando a ello, y los diputados también, claro. Si hay consenso, y aquí parece que lo habrá, no surgirán problemas.
