El Govern autoriza el traslado del Casino de Calvià a Porto Pi Centro

La conselleria de Interior autorizó ayer el traslado del Casino de Mallorca desde su actual emplazamiento en Calvià hasta Porto Pi Centro en Palma –iniciativa adelantada por DIARIO de MALLORCA el pasado mes de julio–, una decisión que cuatro patronales del juego van a recurrir ante los Tribunales, según anunciaron. Tras recibir este permiso, el gerente del Casino, Javier Blasco, ha anunciado que ahora se comenzarán a tramitar ante el Consistorio palmesano las correspondientes licencias de actividad y de obras, con el fin de poder inaugurar la nueva sala en otoño del próximo año.

Desde la Conselleria se indicó que esta autorización se concede tras haber recibido el proyecto todos los informes favorables. En concreto, desde la Abogacía de la Comunitat Autònoma se considera que esta iniciativa es legal, ya que conllevará el cierre de las actuales instalaciones en Calvià para abrir las nuevas de Palma, lo que supone un traslado y no la creación de un nuevo casino.

Javier Blasco mostró su satisfacción ante la decisión del Govern, y aseguró que el traslado a Palma se había convertido en una cuestión «de supervivencia», ya que la caída de la actividad hacía inviable mantener la actual plantilla de 130 trabajadores en un emplazamiento tan alejado de los núcleos urbanos como el actual.

Según el gerente del Casino de Mallorca, la apertura de unas nuevas instalaciones en Porto Pi Centro no va a afectar al resto del sector, dado que en su opinión se trata de clientelas diferentes.

Esta última afirmación es rechazada por las dos patronales de bingos existentes en la isla y por las de salas recreativas y de máquinas, que han anunciado la presentación de un recurso ante los Tribunales.

Según Eusebio Cano, presidente de una de las asociaciones de bingos, la llegada del Casino a Palma va a suponer el cierre de otras instalaciones dedicadas al juego, con la correspondiente pérdida de puestos de trabajo. Además, consideró que si se opta por abrir un Casino en Palma la adjudicación del proyecto debería decidirse por concurso público.