El Hipódromo de la Zarzuela se convierte en un bolsillo roto para el Estado

El hipódromo de la Zarzuela acumula pérdidas de 16 millones de euros desde que comenzó la gestión de Faina Zurita, sobrina de la hermana del rey Don juan Carlos. Además, según el proyecto de Presupuestos Generales, se prevén pérdidas de otros 8 millones de euros al cerrar este año. Las mayores pérdidas desde que se reabrió el hipódromo en 2005.

El hipódromo de la Zarzuela es el principal hipódromo del país. Un emblemático recinto de Patrimonio Nacional y declarado bien de interés cultural en el año 2009, pasó a ser empresa pública el 23 de octubre de 2005 y tras una remodelación que le costo al contribuyente 50 millones de euros.

Pero tiene un gran problema: desde su inicio nunca ha estado en beneficios. Es filial de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) y de la Sociedad Estatal De Apuestas y Loterias del Estado. Está presidido desde el año 2012 por Faina Zuritade Ussía, sobrina de la infanta Margarita de Brobón y Licenciada en Ciencias de la Información y sin experiencia previa en el sector. Desde que comenzó su gestión, la empresa arrastra pérdidas por valor de 27 millones de euros. Aunque esto no ha disminuido en absoluto su retibución, que alcanza más de 430.000 euros, una media de 107.800 euros anuales de euros desde que llegó a la empresa. Pérdidas que tienen que cubrir sus socios, el Sepi y la LAE, es decir, el contribuyente.

Desde que llegó a la presidencia, Faina Zurita dejó claros sus objetivos, a la par que criticaba la gestión de su predecesor Mariano Casado. Entre los objetivos para el recinto, se encontraban, el salir de pérdidas. Algo que, evidentemente, no ha conseguido. Las cifras de pérdidas no solo no se han reducido, sino que se han multiplicado.

Su gestión no ha estado exenta de escándalos. En el año 2014 los propietarios de los caballos de carreras interpusieron la primera demanda contra ella por estafa, coacciones y falsedad en un documento oficial. La querella fue archivada porque no había delito y porque la comercialización de los derechos se podujo a con luz y taquígrafos.

La segunda querella fue interpuesta por un presunto derecho de prevaricación (estafa). Los querellantes la acusaron de mantener a la Sociedad de Cría Caballar, el regulador histórico del hipódromo, que estaba inmerso en un concurso de acreedores, algo que es ilegal por el hecho de ser una empresa pública.

Pero lo que más enfadó a los querellantes fue que anulase las carreras en todos los recintos hípicos dependientes del HZ, en todos los recintos hípicos que dependen de la dotación de fondos como el de Sevilla y Lasarte, durante nueve meses del año 2015, abriéndolo solo en la temporada de otoño de 2015.

Esta decisión no fue bien acogida porque el año anterior bajo el mismo argumento sí se había celebrado. Esto creó la expectativa y confianza legítima en todo un sector que depende de la actividad para subsistir o para hacer inversiones.

El juzgado archivó la demanda, pero la Audiencia provincial de Madrid reabrió el caso. Y tuvo que comparecer otra vez en noviembre del pasado año.

Estos 9 meses sin carreras redujeron drásticamente las ventas de la empresa pública en 2015 y duplicaron los números rojos hasta los 5,7 millones. Ahora el organismo regulador es la recién creada Jockey Club Español de las carreras de caballos.

La sociedad sigue en pié y continúa funcionando gracias a las constantes inyecciones de capital por parte del Estado.