El juego de los disparates

Joan Saura no tiene suerte en el juego. Desde que en 2006 asumió las competencias de las loterías catalanas, los problemas no han dejado de crecer, incluso a nivel judicial, donde tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) han anulado cuatro decretos de la Conselleria de Interior en esta materia. A este revés se le suma el fracaso de la Combi 3, una nueva modalidad anunciada a bombo y platillo y que tuvo que ser retirada porque, con un simple cálculo de probabilidades, una persona podía ganar siempre sin excesivo gasto. Interior demandó a la empresa adjudicataria, Juegos del Mediterrani, por daños y perjuicios al considerar que era la única responsable de un error de diseño.

Pero el último episodio de esta errática gestión se produjo el pasado 2 de diciembre, cuando el citado departamento publicó en el Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) una propuesta de modificación de los porcentajes de distribución en premios del bingo, dada la reducción del tipo impositivo que grava el juego -pasa del 28 al 25%- contemplado en el proyecto de ley de medidas fiscales y financieras para 2010. Se da la circunstancia de que esa ley no fue aprobada por el Pleno del Parlament hasta el pasado día 17.

Jugadores reincidentes
A juicio del diputado de CiU, Jordi Turull, todo ello se enmarca en el «juego de los disparates» en que se ha convertido la «expansiva» política de juego del Govern, que, en su opinión adolece de una falta de «seriedad, rigor y responsabilidad», pues desde 2003, la recaudación de las loterías ha pasado de 11 millones a 16 millones, lo que Turull atribuye a las intensas campañas de promoción de nuevos juegos impulsadas por la Generalitat, lo que, afirma, ha contribuido a fidelizar a los jugadores.

Según el diputado nacionalista, el TSJC ha «tumbado» el 90% de toda la política regulativa del primer tripartito -Interior estaba dirigido entonces por Montserrat Tura-. En apenas un año, la Justicia ha declarado nulo el decreto de los Binjocs, el decreto de comercialización de las loterías de la Generalitat y varios artículos de los nuevos reglamentos de máquinas recreativas y salones. Segun Turull, las sentencias reproducen los dictámenes de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat, pero Interior no las tuvo en cuenta.

La Conselleria alega que esas sentencias aluden a un defecto de forma, y no de fondo, y que se ha presentado recurso de casación. Asimismo, la anulación de dos artículos del reglamento sobre nuevos salones recreativos se resolvió con un nuevo decreto que los limita a 125. También se ha modificado la regulación de los Bincjocs, después de que algunas asociaciones denunciaran el fomento de la ludopatía a través de esta lotería. Pero Interior recuerda, en este sentido, que el tripartito aprobó el primer código de buena conducta en el juego y la UE ha colocado a las loterías catalanas entre las diez loterías que fomentan un juego más responsable. El juego genera un volumen de negocio en Cataluña superior a los 5.000 millones de euros, de los cuales sólo el 3% corresponde a loterías catalanas. El año pasado, la Generalitat obtuvo 16 millones de euros que fueron destinados a la rehabilitación de tres residencias para ancianos.

La promoción de la desparecida Combi 3 costó 725.000 euros
El fiasco de la Combi 3, una variante de la Lotto 6/49, vino precedida de una importante campaña de promoción que tuvo lugar del 21 de septiembre al 11 de octubre en televisión, prensa y radio, así como en los 2.500 puntos de venta que componen la red de comercialización de la lotería catalana. Esta campaña costó nada menos que 725.000 euros. Y es que el gasto en publicidad de las loterías catalanas se ha disparado en plena crisis. Desde 2007, la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalitat, órgano dependiente de la Conselleria de Interior de la Generalitat, invirtió un total de siete millones de euros en promocionar esos juegos y los fines sociales a los que van dirigidos los beneficios. En los primeros siete meses de 2009, ese gasto ascendía a tres millones de euros, cifra que incluye la explicación de la fugaz Combi 3. El año pasado, el Ejecutivo autonómico destinó 2,4 millones a esa finalidad, y en 2007, un total de 1,4 millones.