El juego que viene

Demasiadas noticias relativas al juego están apareciendo últimamente en los medios de comunicación. Todas tienen relación con la aprobación en el pasado mes de mayo de la Ley 13/2011, de regulación del juego, en la que se ordena por parte del Estado una competencia que, estando transferida en su totalidad a las comunidades autónomas, en aquellos aspectos que entiende el legislativo estatal que no contradice lo que nos indica la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, la cual en su artículo 30 establece como competencia exclusiva de la comunidad, la de casinos, juegos y apuestas, con exclusión de las apuestas mutuas deportivo-benéficas.

La ley nos dice que, con el más absoluto respeto al marco competencial definido por la Constitución y los estatutos de autonomía, resulta de todo punto insoslayable la necesidad de dotar de un nuevo marco jurídico a las actividades de explotación y gestión de juegos de ámbito estatal y, particularmente, a aquellos juegos que se practican a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos y en los que los medios presenciales tienen un carácter accesorio.

Ante ello, debemos señalar, en primer lugar que su tramitación ha sido rapidísima. Nuestros legisladores han quemado etapas siendo la ley más rápidamente tramitada en muchos años de vida parlamentaria. En enero se presentaron unas alegaciones a un «trámite de audiencia» que se publicó en la página web de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), lo cual ya resulta ciertamente sospechoso. El ministerio del Interior, ubicación habitual del tema del juego en el organigrama del Estado, desapareció y ha sido el ministerio de Economía y Hacienda, a través de la dirección general de Ordenación del Juego, bajo la dependencia de la secretaria general de Hacienda, la que va a ejercer las funciones de regulación, autorización, supervisión, control y, en su caso, sanción de las actividades de juego de ámbito estatal.

Pocos éramos los que confiábamos en que esta ley se publicara en el boletín en este primer semestre del año, pero nos equivocamos. El contenido de la ley ha variado con respecto a este primer texto. Los grupos políticos han mostrado, con algunos matices, su satisfacción por el texto aprobado en el Congreso y por el consenso alcanzado. El Partido Popular se abstuvo y el senador del PP, José Muñoz, ha proyectado las opiniones de su partido diciendo que es una muestra de «constante improvisación y falta de respeto del Gobierno. Demuestra la necesidad de recaudar y la necesidad de blindar el nuevo marco Loterías para hacer caja».

Pero, como ya decíamos, la ley sigue manteniendo cuestiones nada claras. La obligación del Gobierno era presentar una ley que regulara el juego practicado por medio de canales remotos y, sin embargo, incluye conceptos indeterminados como que los «medios presenciales deberán tener un carácter accesorio», o que esta ley también regula los juegos sujetos a reserva y desarrollados por la LAE y la ONCE con independencia del canal de comercialización de aquéllos. Es decir que al final se está regulando también el juego presencial. Y con una finalidad tributaria clara. Lo que se juega en nuestra comunidad se grava pero se va al Estado y, por acuerdo del Consejo de Política Fiscal del pasado miércoles, se devuelve una parte importante del mismo.

No obstante, la concesión de cualquier título habilitante exigirá, para la instalación o apertura de locales presenciales abiertos al público o de equipos que permitan la participación de los juegos, autorización administrativa de la comunidad autónoma, que se otorgará de acuerdo con las políticas propias de dimensionamiento de juego de cada una de ellas. No sabemos qué margen de actuación tendrá nuestra comunidad, pero seguro que el mínimo.

Son muchas las dudas que nos deja esta Ley del Juego y que a buen seguro disiparán los reglamentos, los concursos públicos, las resoluciones. Si bien es cierto que todas estas dudas, la privatización de la LAE, los privilegios de LAE y ONCE, la amnistía fiscal de los operadores de juego online, la amnistía sancionadora, la amplitud de algunas definiciones, las continuas excepciones y «salvo que» que contiene la norma, generan muchas dudas negativas al sector del juego presencial, que ve como una ley que se suponía únicamente para el canal online, también regula las actividades sujetas a reserva de LAE y ONCE con independencia del canal en que se practique. El comienzo de la presencia de máquinas de la ONCE en establecimientos de hostelería es un síntoma claro de esta invasión estatal que deberá ser zanjada inmediatamente.

La marginación al juego presencial es evidente, pues la nueva ley llega a establecer un régimen publicitario o de patrocinio sin límites ni cortapisas, mientras que a los casinos, bingos y salas de juego se le prohíbe la más mínima expresión tendente a publicitar o promocionar su legítima actividad económica o lo que aún es más sangrante se fija un régimen fiscal casi tres veces inferior al del juego presencial a pesar de que las inversiones en medios humanos y materiales sean en aquel enormemente inferiores. Solo en nuestras islas el juego presencial emplea directamente a más de dos mil personas, mantiene una oferta de ocio lúdico en más de ciento cincuenta locales y aporta directamente cuarenta millones de euros en concepto de tasas fiscales, que ahora van a peligrar.

El sector del juego presencial tiene que prepararse y ante esta avalancha de nuevos juegos y nuevos operadores, algunos de ellos privilegiados, tiene que avanzar mucho más decididamente si quiere finalmente competir. «Necesitamos menos intervencionismo y liberarnos de esa obsolescencia normativa que ha perdido todo su sentido en el escenario actual, necesitamos una fiscalidad adecuada a nuestro hecho imponible y necesitamos más y mejor producto. Sólo así podremos competir y sobrevivir» han señalado destacados dirigentes asociativos del sector. La futura interconexión de los aparatos de juego con servidores de la administración se presenta como algo necesario a medio plazo.

Nuestra comunidad tiene mucho que decir sobre este tema, tanto en el aspecto normativo como en el tributario y el sector del juego privado presencial, que desde 1977 ofrece su oferta de juego más que nunca ha de estar unido con sus reguladores para afrontar este juego que viene. Solo una política innovadora en este tema, protegiendo al juego presencial que es el que tributa aquí y fomenta empleo y riqueza, en el marco de una Ley de Juego, podrá permitir que la competencia exclusiva sobre el juego que marca el Estatuto de Autonomía sea una realidad y no un mero enunciado.