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El Partido Popular, a través de su diputado Antonio Gallego, ha presentado una batería de iniciativas en el Congreso ante el oscurantismo que rodea la privatización de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), según desveló una exclusiva de LA GACETA el pasado 28 de octubre, que fue completada en sucesivos reportajes a lo largo de los últimos meses.
El grupo parlamentario dirigido por Soraya Sáenz de Santamaría ha redactado un total de 50 preguntas con el in último de averiguar el alcance de las negociaciones que LAE está manteniendo con empresas vinculadas al juego en España. Los populares quieren saber por ejemplo, “¿por qué se ha caído la A de Apuestas del acrónimo LAE en la nueva imagen corporativa del organismo?”; “¿qué objetivos a corto y largo plazo justificaron las disposiciones adicionales 32 y 34 de los Presupuestos Generales de 2010?”; “¿cuántas concesiones administrativas de LAE considera el Ministerio de Economía que van a pasar al régimen privado?” o “¿cuál es el valor estimado de mercado de Loterías y Apuestas del Estado según los informes económicos que ha encargado la dirección del ente?”.
También se plantea el PP qué fue de la fundación que Loterías anunció en el contrato-programa firmado en julio de 2007: “¿Cuántas personas fueron contratadas para la elaboración de dicha fundación?”.
En cuanto a los valores del juego público, el grupo parlamentario popular se pregunta si “LAE dedica alguna partida presupuestaria para combatir la ludopatía, ¿cuál es el importe y el objetivo de estas acciones?”.
Con esta batería de interrogantes, el diputado Antonio Gallego confía en que “se aclaren todos los extremos que rodearían la venta de la Lotería Nacional a operadores privados”.
Al Grupo Popular le preocupan los efectos de la privatización sobre el sector, “pues de él dependen más de 10.000 puestos de trabajo”.
Asimismo “considera razonable la elaboración de una ley de juego público” al tiempo que aboga por “dejar en suspenso las disposiciones 32 y 34 que se aprobaron en los Presupuestos Generales del Estado para este año”.
Por completo que resulte el cuestionario, no obstante, la ofensiva parlamentaria del primer partido de la oposición va más allá. También se solicita al Tribunal de Cuentas la fiscalización de los resultados de LAE y de su empresa participada Sistemas Técnicos de Loterías del Estado SA Unipersonal (STL), correspondientes a los ejercicios 2007, 2008 y 2009. La petición se halla ahora mismo en curso en el seno de la Comisión Mixta para las relaciones con el citado Tribunal.
Llueve sobre mojado
Hace dos meses, tras la exclusiva de LA GACETA titulada “El Gobierno pretende privatizar la Lotería por 30.000 millones de euros”, los populares pedían, sin éxito, la comparecencia urgente en la Cámara baja tanto del director general de Loterías, Gonzalo Fernández, como de la vicepresidenta Salgado. El pasado 24 de febrero, entretanto, su portavoz de Hacienda en el Senado, Mar Angulo, defendía una moción en la que instaba al Gobierno a elaborar una Ley de Juego Público, que fue rechazada. Cinco días antes del sorteo de Navidad, la titular de Economía negó su intención de enajenar LAE, aunque los acontecimientos han ido dando la razón a quienes ven venir los planes del Ejecutivo desde hace meses.
Las primeras señales de alarma llegaron con la preocupación de los propietarios y empleados de las 4.000 administraciones de Loterías.
A partir de ese momento, los representantes del Gobierno y la dirección general del ente pasaron de negar la mayor a mostrar un hermetismo absoluto, ignorando la demanda de información de los medios de comunicación en general, y de este diario en particular.
