El sector del juego en España, una máquina de perder dinero

El maná se ha terminado. El pozo de petróleo que hasta hace unos años suponía una concesión para operar máquinas recreativas (más conocidas como tragaperras), casinos, bingos o salas de juego se ha convertido en una máquina de perder dinero que tiene como horizonte inmediato la reconversión o el cierre.

El que durante años fue uno de los sectores más prósperos y emergentes de la economía española –con fuerte presencia internacional- está en clara recesión recomponiendo posiciones a marchas forzadas. El Casino de Torrelodones (Madrid), hasta hace pocos años el más rentable de España y uno de los mayores de Europa, es el paradigma de la nueva situación: ha tenido que recortar plantilla en más de 300 personas y reducir servicios a todas las escalas.

Un informe confidencial de la patronal sectorial Cofar, que dirige el ingeniero Eduardo Antoja, y al que ha tenido acceso El Confidencial, así lo confirma. El conjunto del sector del juego privado empleaba en el 2007 a 50.000 personas mientras que cinco años después esa cifra no llega a los 44.000 trabajos directos. Algo directamente relacionado con los ingresos.

En el 2007, el  sector privado en su conjunto facturó 5.384 millones de euros y a finales del 2011 no llegó a 3.884. Especialmente llamativa es la caída del subsector bingos (una reducción de más del 50%) y de casinos, que pasaron de tener unos ingresos de 557 millones a 330. En este tiempo se han cerrado los casinos de San Roque (Cádiz), Villajoyosa (Alicante), Panticosa (Huesca) y hace unos días el de Menorca.

Las máquinas tragaperras en bares y restaurantes también caen en picado. No hay que olvidar que pagan una media al fisco de 3.600 euros al año por máquina, independientemente de su facturación e ingresos.

Alta fiscalidad y reglamentos rígidos

Los empresarios del sector –que llegaron a emplear a más de cien mil personas directas en sus buenos tiempos- se quejan al unísono de la alta fiscalidad que padecen, una media del 50% en los ingresos brutos, de sufrir unos reglamentos rígidos y diversos (el juego y su regulación es una competencia transferida a las comunidades autónomas que ven allí una oportunidad única y fácil de llenar la caja a cambio de nada) y últimamente los efectos de la ley antitabaco.

Las compañías, conscientes de lo que se les venía encima con esta ley, intentaron por todos los medios conseguir una “excepcionalidad” a la norma como ocurre en otros países de nuestro entorno. Los dirigentes políticos y parlamentarios fueron insensibles a sus demandas. En las salas de juego esto ha sido letal por completo; el cierre de los locales es ya una práctica diaria en todo el territorio nacional.

Esta prohibición, que entró en vigor el pasado 1 de enero, ha supuesto una pérdida de clientes de entre un 20 a un 25% de las personas habituales que antes entraban en un local de bingo o en un casino convencional.

También en los bares donde las máquinas tipo B eran un buen negocio. Las asociaciones patronales del sector recuerdan que el mismo está exento del IVA y, por lo tanto, los empresarios no pueden repercutir este impuesto con lo que pasa a convertirse de forma directa en un coste añadido más.

Competencia pública

A esta orgía de argumentos negativos para un sector que tiene una alta tecnología punta y propia, reconocida  a nivel mundial y en donde algunos de sus grupos empresariales eran líderes a nivel global (Cirsa, Franco), se suma la competencia desleal de los juegos y apuestas públicas que bien administra el Estado o las CCAA con un afán exclusivamente recaudatorio.

Tanto la SELAE como la ONCE pueden realizar campañas directas o indirectas de publicidad (en el sector privado está terminantemente prohibido), operar en Internet, llevar a cabo campañas de promoción, etc… Es decir, juegan con ventaja.

Pero es que, además, el retorno de lo invertido en las actividades por el jugador es muy inferior en lo público que en lo privado. Así, en los casinos se devuelve una cifra superior al 80%, en las máquinas recreativas superior al 50%; la ONCE es la que menos retorna, al margen de que existen crecientes rumores en el sector del juego de algunas prácticas poco éticas llevadas a cabo por la teóricamente organización benéfica cuyo controlador es el Gobierno. El euromillón está gestionado por LAE y no se le atribuyen “trampas”.  

Un sector de alta tecnología ‘made in Spain’ a punto de entonar el canto del cisne.