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Denuncia que la Generalitat incumple las recomendaciones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud al mantener cerrados sus establecimientos.
El Consejo Empresarial del Juego, CeJuego, la principal patronal del juego privado en España, denuncia que la Generalitat Valenciana incumple las recomendaciones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud elaboradas para el control de la pandemia, al mantener los establecimientos de juego (casinos, bingos, salones de juego y casas de apuestas) cerrados aun cuando la comunidad está en el nivel de alerta 1 (el más bajo).
Esta agrupación afirma que la situación, que se prolonga desde enero, «pone en riesgo el futuro y la viabilidad del sector en la Comunidad Valenciana, del que dependen 7.000 puestos de trabajo directos, 30.000 empleos indirectos, y 133 empresas (muchas de ellas pymes familiares)», según apunta en un comunicado.
Desde el sector, se estima que las pérdidas por este cierre podrían alcanzar los 129 millones de euros.
El sector alega que según se recoge en el documento ‘Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de la COVID-19’, -, sólo se suspenderá la actividad en las zonas de los interiores de las salas de bingo, casinos, salones recreativos y de juegos y locales específicos de apuestas en el nivel de alerta 3 y 4. Mientras que en el nivel de alerta 1, en el que se encuentra la Comunidad Valenciana en la actualidad, se establece su apertura a un máximo del 50% de su aforo en el interior, con una ocupación máxima de 10 personas por mesa o agrupación de mesas, y garantizando la distancia entre mesas de al menos dos metros.
Se han flexibilizado otras actividades
La Generalitat decidió el 9 de abril modificar y flexibilizar algunas medidas vigentes desde enero. Sin embargo, el gobierno autonómico no ha incluido al juego dentro de estas flexibilizaciones, a pesar de la mejora epidemiológica.
Para el sector no hay ningún dato sanitario que justifique que se restrinja el derecho de los operadores del juego y empleados a ejercer su actividad, obligando a bingos, casinos y salones de juego a permanecer cerrados totalmente sin ofrecer desde el Consell ninguna alternativa.
