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El Impuesto sobre el Consumo del Reino Unido para el juego en línea podría entrar en vigor antes de que acabe el año después de que el Tribunal Supremo británico a cargo del juez Nicholas Green se haya pronunciado contra el recurso de revisión presentado por la Asociación de Juegos y Apuestas de Gibraltar (GBGA,), que alegaba que la norma era contraria a la legislación europea, según informó ayer el portal El diario del juego. Según el fallo del tribunal británico, el nuevo régimen de licencias es «proporcional» y no «discriminatoria o irracional», tal y como la GBGA había argumentado. En su dictamen el juez rechazó varios argumentos expuestos por la GBGA, incluyendo la afirmación de que los cambios a la Ley de juego violan los tratados de la UE.
El juez consideró que el Gobierno del Reino Unido tenía derecho a tomar medidas de precaución y también descartó que el Parlamento del Reino Unido rechazara la propuesta. La Asociación había argumentado que la nueva ley provocará un aumento de los consumidores en el mercado no regulado.
El portal El diario del juego, recogía el malestar de la GBGA con la decisión de la Corte y además considera que los regímenes regulatorios transfronterizos requieren unas significativas cooperación y coordinación. Por su parte, el Gobierno de Gibraltar dijo que acepta los resultados.
El Reino Unido aprobó oficialmente en julio la legislación que requiere que todos los operadores de juego online del país deben poseer una licencia expedida por la Comisión de Apuestas del Reino Unido, para poder hacer publicidad de sus productos a los apostadores británicos. La nueva ley también impondrá un impuesto del 15% a todas las apuestas online colocados en el Reino Unido a partir del 1 de diciembre.
En el recurso presentado por la GBGA argumentó que la Ley viola el artículo 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que prohibe a los países de la UE de restringir la libre circulación de servicios entre los estados miembros. Asimismo consideró, además, que la Ley no es necesaria, dada la condición de Gibraltar como «uno de los regímenes regulatorios más eficaces del mundo».
