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El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha validado las limitaciones previstas en el reglamento de máquinas recreativas y de azar aprobado por la Xunta de Galicia en 2008, que congela la concesión de nuevas autorizaciones para la explotación de máquinas recreativas de premio programado, o tragaperras, hasta el 31 de diciembre de 2010. En respuesta al recurso interpuesto por la sociedad Recreativos Jufín, con sede en Vigo, el alto tribunal considera que la planificación del número de máquinas recogida en la disposición adicional segunda del decreto es «racional y tiene respaldo normativo suficiente».
La sentencia ha sido bien recibida en la Asociación Gallega de Empresas Operadoras (AGEO), que se personó como parte codemandada en este recurso y en otros diez que actualmente están pendientes de resolución en la misma Sección Primera del TSXG. Para la entidad -que representa a buena parte del sector de máquinas de juego y azar de la comunidad-, al desestimar el recurso de Recreativos Jufín, el alto tribunal «valida un reglamento surgido del diálogo y la colaboración entre la Xunta», a través de la Consellería de Presidencia y la propia AGEO.
El fallo del TSXG también respalda los apartados 1 y 3 de la Disposición Transitoria Sexta, en los que se regula la renovación automática de las autorizaciones en vigor por un plazo de cinco años y se impide que más de una empresa operadora instale máquinas en un mismo establecimiento, forzando la retirada del operador más reciente en el plazo de un año desde la entrada en vigor del decreto. En opinión del alto tribunal, dicha limitación «no conculca la libertad de empresa».
El presidente de AGEO, Serafín Portas, consideró, en un comunicado recogido por Europa Press, que el hecho de que la Administración de Justicia desestime el recurso y valide el decreto por el que se aprueba el reglamento de máquinas recreativas y de azar de Galicia «es una gran noticia para el sector del recreativo, y también para el de la hostelería». Portas recordó que la sentencia «ratifica que el diálogo entre la patronal y la Administración es positivo y avala un reglamento que está elaborado con la participación del sector».
