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Consumado el Brexit, las rebajas de impuestos que diseñó Cristóbal Montoro en 2018 han sido aprovechadas sobre todo por empresas españolas de juego y varias extranjeras han cambiado Gibraltar por Malta
«Un fracaso». Así definen fuentes del Gobierno el balance de la reforma legal que introdujo el Gobierno del PP en los Presupuestos de 2018 para convertir a Ceuta y Melilla en sendos semiparaísos fiscales para las empresas del juego. Ha pasado año y medio desde la entrada en vigor de esa medida y, consumado el Brexit, el caramelo fiscal que impulsó el entonces ministro Cristóbal Montoro para atraer a esas dos ciudades autónomas a operadores extranjeros que estaban radicados en Gibraltar solo ha convencido en su inmensa mayoría a compañías españolas.
Las extranjeras, en su mayoría, prefieren otros destinos y, en especial, Malta, un país de la UE que desde años se ha convertido en un importante polo internacional para el sector del juego, por las grandes ventajas fiscales que les ofrece y su bagaje tecnológico.
A Malta se han trasladado recientemente varias empresas con licencia para operar España como William Hill (que, según su web, actualmente está radicada en esa isla) o el grupo 888, que en noviembre pasado recibió el visto bueno de la Dirección General del Juego para su traslado a esa isla. Ambas firmas tenían hasta entonces su sede en Gibraltar.
Actualmente hay 80 sociedades con licencia para ofrecer actividades de juego de ámbito estatal en España. Se trata de las empresas que se van a ver afectadas por el decreto que acaba de sacar a consulta pública, que va a regular la publicidad del juego online por primera vez desde que se legalizó esta actividad en 2012. El número de compañías ha crecido muy significativamente en los últimos años, si se tiene en cuenta que a principios de 2017 eran solo 49.
De esas 80 empresas, 32 están establecidas en Malta. Otras dos siguen radicadas en Gibraltar y otras tres, en Bulgaria, que también ofrece un atractivo marco fiscal para este sector.
Por su parte, Ceuta y Melilla apenas han atraído empresas foráneas pese a las grandes ventajas que otorgó al sector la ley de Presupuestos de 2018, cuya tramitación parlamentaria culminó el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque su redacción correspondió al Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Esos presupuestos, que son los que todavía hoy están vigentes en España, consignaron para todos los operadores sujetos al Impuesto sobre Actividades del Juego (IAJ) una reducción generalizada de su tipo de gravamen del 5% para la mayor parte de los juegos regulados, rebajándolo al 20%.
Y, para aquellos con residencia fiscal y efectivamente radicados en Ceuta o Melilla, se aprobó una reducción del 50% del tipo de gravamen sobre la base imponible, que pasó a ser así del 20% de los ingresos menos los premios a solo el 10%, con un tipo del 7,5% en los dos primeros años de actividad. A eso se sumó el tipo superreducido del 0,5% del IVA de las ciudades autónomas (IPSI) y las deducciones que ambas ofrecen en IRPF, Patrimonio o Actos Jurídicos Documentados.
Cirsa, la última en mudarse
Sin embargo, la mayoría de empresas que han hecho las maletas para trasladarse allí son españolas. La última en cruzar el Estrecho, hace unos días, ha sido la filial de apuestas deportivas online de Cirsa, empresa española que fue adquirida en 2018 a la familia Lao por el fondo buitre Blackstone por más de 2.000 millones de euros y que tiene licencia de la Dirección General de Ordenación del Juego desde junio de 2012.
Su filial Cirsa Digital SAU, que acaba de trasladarse a Ceuta, opera bajo la marca Sportium, de la que Cirsa compró el año pasado el 50% que no controlaba a la británica GVC Holdings, dueña de Bwin (esta última, con sede central en Isla de Man, opera en España desde Malta).
La empresa de Blackstone se ha sumado así a otros grandes grupos españoles que también han cruzado el estrecho en los últimos dos años como Luckia, Codere, Recreativos Franco, Orenes (a través de una nueva filial en Melilla y el traslado de la dueña de su marca de apuestas deportivas Versus) o la división de casino online del Grup Peralada, de la familia Suqué Mateu, una de las grandes fortunas catalanas.
En el sector se cree que uno de los siguientes en cruzar el Estrecho de manera inminente (en concreto, a Melilla) será otra española, Esgaming SAU, perteneciente a la familia Escolano, dueños del Casino de Torrelodones de Madrid. La empresa no lo confirma.
De los 80 operadores con licencia en España, actualmente hay diez radicados en Ceuta y otros cinco en Melilla. Entre las extranjeras, han optado por Ceuta las británicas Betfred y casino777 (que antes estaba radicada en Madrid) y la francesa Suertia, pero el resto (Cirsa, Euroapuestas Online, Luckia, Mondobets…) son españolas. En Ceuta también abrió una nueva filial en 2019 el grupo Playtech, con sede en Isla de Man, si bien sus dos filiales con licencia de operador en España siguen radicadas en Bulgaria.
En cuanto a Melilla, actualmente están radicados allí cinco operadores con licencia de juego estatal. Todos son españoles, si bien uno de ellos, Skill on Net SA, tiene como socio único a una empresa de Malta, y otro, Veramatic, estaba radicado en Italia hasta su traslado en diciembre de 2018, aunque en su web se define como «un grupo español de empresas con sede en Vera (Almería), cuya principal actividad es la explotación de salones de juego y de máquinas recreativas y de azar en establecimientos de hostelería».
Hay también varios operadores extranjeros que han obtenido licencia en la última remesa de licencias a través de filiales en España que de momento no han dado el salto a Ceuta o Melilla y siguen en la Península.
Es el caso de Solana Directorship, una de las últimas en conseguir licencia (el 26 de junio de 2019). Con sede en un despacho en Madrid especializado en la creación y venta de sociedades urgentes, su socio único es una empresa llamada Cunaro LTD, que comparte denominación con una empresa con sede en Chipre.
Otro ejemplo es Zebetting y Gaming España, que logró su licencia dos días después que Solana Directorship. Con sede en Barcelona, su matriz es una empresa Luxemburguesa controlada por el magnate francés del juego Emmanuel de Rohan Chabot y empresas de Gibraltar, Malta, Jersey y Luxemburgo.
