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La fecha figura en el nuevo decreto ley aprobado en el Consejo de Gobierno del 2 de abril. En él se recoge la «suspensión del derecho de los interesados a la presentación y tramitación de nuevos títulos habilitantes -para nuevos salones recreativos y de juegos, de sus espacios de apuestas, y de locales de apuestas externas-, así como para la autorización de espacios de apuestas externas en salas de bingo y casinos».
Para el Gobierno, «a pesar de la situación derivada del estado de alarma, siguen existiendo las mismas razones» para imponer la suspensión que cuando sacó adelante la primera versión del decreto de primeros de marzo. Como prueba, el número de declaraciones recibidas este año 2020. Los datos ofrecidos para el primer trimestre cuantifican en 10 las declaraciones responsables para poder abrir salones recreativos en Canarias, además de 3 declaraciones de locales de apuestas.
En la actualidad, se tiene constancia de que se encuentran abiertos 36 locales de apuestas externas, pero el «subsector se ha desarrollado con elevada intensidad en casinos, bingos y salones, con especial protagonismo de estos últimos».
El 75% de las salas de bingo autorizadas disponen de espacios de apuestas, porcentaje que se eleva hasta el 94,7% en los salones recreativos y de juegos tipo B o mixtos, según se detalla en el texto normativo.
Que este tipo de inversiones están en la cresta de la ola lo refleja el hecho de que, desde 2014, cuando entró en vigor el Reglamento de Apuestas Externas, los salones recreativos y de juegos han experimentado una «notable expansión con la apertura de 110 nuevos locales hasta alcanzar la cifra de 285 establecimientos, lo que supone un crecimiento del 63%».
El Gobierno subraya que la evolución del sector del juego está siendo tan «extraordinaria» en Canarias que «prácticamente, la mitad de las aperturas autorizadas -51 salones-, se concentra durante el año 2019».
Además de estos datos, el Ejecutivo fundamenta las razones de «interés general» que justifica la aprobación del decreto ley en cuanto a la incidencia «potencial del juego sobre bienes jurídicamente protegidos por nuestro ordenamiento, como son la salud pública y el orden público, así como la prevención del fraude».
A este respecto, cabe señalar la reclamación de una parte de la ciudadanía para atajar el consumo masivo de este tipo de actividades por su especial incidencia en la población joven. Aunque mayoritariamente está dirigida principalmente al acceso por internet también requiere la limitación de aperturas de locales y aumentar las distancias respecto de centros educativos.
A ello se une la explicación ofrecida por el Ejecutivo para haber «reevaluado la oportunidad y acierto» del decreto inicialmente aprobado, dado que, tras la «grave crisis de salud pública» actual, «es más que probable un escenario de profunda recesión económica a la que nuestra comunidad autónoma, la nación española y la Unión Europea se verán abocadas», se indica en el texto del decreto ley.
