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11 julio, 2019
La Generalitat prevé ingresar 88 millones anuales, sobre todo por el aumento del impuesto que grava las hipotecas, dióxidos, y las apuestas.
La Generalitat ha aprobado este martes un decreto por el cual aumenta del 1,5 al 2% el tipo impositivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) sobre las hipotecas, que ahora paga la banca, un cambio legal que estima que le aportará 81,9 millones de euros más al año. Esta modificación legal es el aspecto más destacado del decreto ley de medidas tributarias urgentes y de lucha contra el fraude fiscal que ha aprobado el Gobierno en su reunión de hoy.
El AJD grava la constitución de préstamos hipotecarios, y al elevarlo al 2% Catalunya se convierte en la comunidad autónoma con el tipo más alto en este tributo. El gobierno catalán, que funciona con una prórroga presupuestaria de las cuentas del 2017, al no haber podido aprobar presupuestos este año, estima que el paquete de modificaciones legales incluidas en este decreto le aportarán una recaudación adicional de 88,2 millones más al año.
Además del mencionado aumento del tipo del Impuesto de AJD, el decreto aprobado por el Gobierno contempla otras medidas destacadas, como la inclusión como sujetos pasivos del impuesto sobre las viviendas vacías en los fondos de titulización, que son titulares de grandes paquetes de viviendas vacíos. Con la regulación actual, estos fondos no estaban sujetos al pago de este impuesto, al no tener personalidad jurídica, por lo cual con este cambio legal el Gobierno intenta corregir una “deficiencia original” de este impuesto.
Por otra parte, el decreto aprobado este martes, que ahora tiene que ser convalidado en el Parlamento, prevé aumentar dos impuestos más: el de las emisiones producidas por la aviación comercial, que pasa de 2,5 a 3,5 euros por kilogramo de óxido de nitrógeno emitido, y lo que grava las apuestas, que sitúa el tipo único el 15%, delante del 10% actual que afecta a las deportivas y el 13% para las generales. La modificación sólo afecta a las apuestas presenciales, las únicas sobre las cuales las comunidades tienen competencias, ya que el juego por Internet depende del Estado. Algunas de estas medidas, como el aumento del impuesto en las apuestas, estaban incluidas en la llamada ley de acompañamiento de los presupuestos del 2019, que el Gobierno no llegó a aprobar.
Por otra parte, en el marco del plan de prevención y reducción del fraude fiscal hasta el año 2022, el decreto aprobado hoy prevé que la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalitat no podrá suministrar cartones de bingo nuevos en los establecimientos de juego que tengan pendiente el pago del impuesto sobre el juego. En la misma línea, se considerará infracción “muy grave” la realización de actividades de juego sin haber satisfecho el impuesto sobre el juego, y la Agencia Tributaria de Catalunya podrá usar las fianzas depositadas por los operadores del juego para ejecutar deudas derivadas de tributación.
