¿Quién pone coto al juego online?

Es difícil poner puertas al campo y más aún si el campo es digital. La necesidad de regular el juego online -y evitar así que los ingresos que genera vayan directamente a paraísos fiscales sin pasar antes por la Hacienda pública española- llevó hace tiempo a las administraciones a colocar sobre la mesa la necesidad de ponerle coto. Pero la tan ansiada regulación parece lejos de hacerse realidad. O al menos una única realidad.

Ya ha pasado un año y medido desde que el Gobierno se comprometiera a poner límites a las apuestas en la red. El Ejecutivo aprovechó la Ley de Medidas de Impulso a la Sociedad de la Información para dejar caer una disposición adicional en la que se comprometía a ‘regular las actividades de juego y apuestas, en particular las realizadas a través de sistemas interactivos basados en comunicaciones electrónicas’.

Pero estas palabras pueden quedarse en una simple declaración de intenciones. Aunque el Gobierno mantiene firme su intención de regular el sector, no tiene fecha tope para dar a luz el Decreto Ley que lo ordene. ‘España no es un país donde haya una declaración expresa que prohíba este tipo de juegos’, aseguraba ayer María Ángeles González, secretaria general técnica de la Comisión Nacional del Juego, dependiente del Ministerio del Interior. Dejaba así entrever que el juego a través de internet estará regulado en España como ya lo está, por ejemplo, en el Reino Unido o Malta. De hecho, la isla mediterránea es, junto a Gibraltar, uno de los principales centros operativos del juego en la red.

Una vez se redacte, el futuro proyecto de ley respetará ‘la normativa comunitaria’ en lo relativo a la regulación de ‘la actividad de los operadores con autorización en otros Estados de la Unión Europea’, adelantaba ayer la responsable de la Comisión Nacional del Juego durante una jornada sectorial celebrada en Madrid.

Pero el Ejecutivo puede chocar con la realidad autonómica. Las competencias sobre regulación de juego están transferidas a las Comunidades Autónomas, mientras el Ministerio del Interior tiene bajo su control su vigilancia y sanción. Sin olvidar que el Ministerio de Hacienda tendrá algo que decir en cuanto al futuro sistema impositivo de las apuestas interactivas, tanto las online como las que podrán desarrollarse a través de la TDT.

Así las cosas, las empresas del sector pueden ver cómo cada una de las 17 comunidades autónomas (más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) ponen en marcha normativas diferentes antes de que el Gobierno ponga en marcha una regulación estatal. Una regionalización que podría obligar a cada empresa a contar con una filial con sede social en cada Comunidad Autónoma que tenga servidores informáticos propios y posea, además, en ese territorio una cuenta bancaria desde la que controlar los pagos a los jugadores. Madrid ultima la concesión de las primeras autorizaciones para que empresas privadas operen en esta Comunidad, según adelantó Fernando Prats, director general de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego. Y Castilla y León prevé tener redactada la nueva normativa antes de que acabe 2009.

Ante la previsible disparidad de normativas, el secretario general de Codere, Rafael Catalá, criticó ayer la ‘inactividad’ del Gobierno y reclamó ‘flexibilidad para los operadores’, abogando por una uniformidad de criterios autonómicos.