¿Y si se aprobara la ley anti-tabaco?

Las consecuencias de una prohibición de fumar en cualquier espacio público van más allá de una mera cuestión de salud. Los locales en los que se permite esta práctica protestan por el reducido tiempo que ha transcurrido desde la ley anterior.

El sector de la hostelería ha puesto el grito en el cielo ante los recientes mensajes por parte del Gobierno sobre la posible prohibición del tabaco en todos los espacios públicos. A la crisis económica, la lenta amortización del gasto en ventiladores y separadores de espacios desde la ley de 2006, y la ya miserable situación de muchos pequeños establecimientos, se sumaría ahora una caída extra de la demanda del 10%.

Ésta es la desoladora cifra que se maneja desde la Federación Española de Hostelería (FEH). «Una parte importante de la clientela asocia el consumo de tabaco con el de cerveza u otro tipo de productos hosteleros», afirma José Luis Guerra, adjunto a la dirección de la FEH. «Es de esperar que mucha gente acuda a bares y restaurantes con menos frecuencia o, al menos, durante menos tiempo», añade. Sobremesas más breves, más cenas en las casas y, en definitiva, menos ingresos para un sector que supone el 6% del Producto Interior Bruto (PIB) de España.

Un mercado heterogéneo
Cada caso es diferente. En España, existen 240.000 bares y restaurantes, casi tantos como en el resto de países europeos juntos, o lo que es lo mismo, un bar por cada 133 habitantes de todas las edades y no necesariamente clientes. De estos, muchos reciben a varios miles de clientes, lo que significa que otros muchos bares y restaurantes atraviesan una situación precaria o semiprecaria. «Los que más están padeciendo los efectos de la crisis son los restaurantes de nivel medio-alto, que dependen en gran medida de las comidas de empresa, y los pequeños establecimientos familiares, para quienes las ventas han caído más de un 20% el último año», afirma Guerra.

Muchos de ellos se han visto obligados a invertir un promedio de 20.000 euros en adaptar su espacio a la Ley de Prevención del Tabaquismo de 2006. Esta normativa exigía que todos los pequeños locales eligieran entre permitir la entrada de fumadores o prohibirla. Aquellos que optaron por la primera opción tuvieron que instalar sistemas de ventilación. Para los locales mayores de cien metros cuadrados (se calcula que existen unos 70.000 en España), la norma exigía delimitar las zonas de fumadores, que no debían jamás superar el 30% de la superficie del negocio. «Conozco casos en los que el empresario ha invertido hasta 60.000 euros en esta reforma. De prosperar una nueva ley que prohiba fumar en cualquier espacio público, este gasto habrá sido inútil», denuncia el responsable de la FEH. «Ni siquiera nos ha dado tiempo a rentabilizar la inversión; al contrario, al principio nos decantamos por un local libre de humos, pero la pérdida de clientes nos hizo dar marcha atrás», comenta el propietario de un bar-restaurante en el centro de Madrid.

Y Europa, ¿qué hace?
«En el resto de Europa se ha hecho lo mismo y no ha pasado nada». Éste es uno de los principales argumentos a favor de una mayor restricción al hábito de fumar en España. En Reino Unido, está prohibido fumar en cualquier espacio público. En Portugal, los bares y restaurantes deben elegir entre declararse un local sin humos, o con ellos. En Francia, la restricción no afecta a todos los espacios públicos. Y Alemania ha optado por un modelo similar al español, con cierta flexibilidad en la elección de su naturaleza y con diferencias en función de la superficie del negocio. «Si fumar es legal, es inconcebible que la ley se entrometa en la libertad de un negocio privado, al que los clientes acuden voluntariamente», protesta un empresario que no desea ser identificado. «La salud es un valor supremo, pero eso no significa que el tabaco pueda prohibirse en dos días. Las cosas deben hacerse paulatinamente, con el consenso de todos, para evitar que fructifiquen males mayores», opina Guerra.

Opinión que se comparte desde la Unión de Estanqueros. «No puede prohibirse algo de la noche a la mañana. Si se hace de manera precipitada, sucederá lo mismo que con la Ley Seca de EEUU: el consumo no baja, con lo que crecen los mercados clandestinos», asegura Manuel Fernández Vicario, presidente de la Unión de Estanqueros. Y pone un ejemplo: en Reino Unido, uno de los países más estrictos en la normativa contra el tabaquismo, el índice de cigarrillos ilegales ronda el 33%.

Contrabando y otros males
La venta de tabaco clandestino preocupa cada vez más a médicos y asociaciones de consumidores. Recientemente, se han dado casos de envenenamiento en ciudades como Sevilla. «Los canales no oficiales manipulan en muchas ocasiones el producto para multiplicar sus márgenes», comenta Fernández Vicario. Y continúa: «Existen 180.000 puntos de venta de cigarrillos en el mundo de la hostelería y 14.000 estancos. ¿Deberán dejar de vender tabaco si se reduce la libertad de su consumo? ¿Cómo diversificarán su negocio las miles de familias que viven de este producto? Aún existen muchas cosas que concretar».

Desde la Asociación Española del Tabaco (AET), se quiere difundir un mensaje de calma. «Da la impresión de que aún no existe siquiera un borrador de las medidas de las que habla el Ministerio de Sanidad. Y, aunque lo hubiera, aún se tendría que consultar el texto con los sectores afectados y presentarlo a votación ante el Congreso», exponen fuentes cercanas a la asociación. Otra teoría que comienza a circular por los sectores de la hostelería y de la venta de cigarrillos es que la multitud de noticias relativas al posible endurecimiento de la ley anti-tabaco esconde, en realidad, una voluntad del Gobierno de que «se hable de algo más que de la crisis y la gripe A», aseguran fuentes que no desean ser reveladas.

El pasado febrero, el entonces ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, declaraba su intención de cambiar la ley contra el tabaco «en esta legislatura», e incluso añadió que ya tenía un borrador con su modificación. Pero Bernat era menos radical. Su idea residía en hacer cumplir a rajatabla la ley anterior, que se aplicaba a locales menores de cien metros cuadrados, que no se estaba aplicando de forma eficiente en algunas comunidades autónomas, como es el caso de Madrid.

En agosto, el mensaje del Gobierno se radicalizó. «Todos queremos caminar hacia una España sin humos, pero no comprendemos la forma con la que se ha expuesto la nueva propuesta. ¿Qué hay detrás? No lo sabemos, ni somos quiénes para entrar a valorar si se trata de un juego político. Simplemente, creemos que sería más conveniente asegurar el cumplimiento de la ley anterior antes de entrar en algo nuevo», sostiene Guerra. Precisamente, Sanidad tiene hasta finales de año para presentar un informe ante el Congreso sobre la incidencia de la ley anterior, de 2006.

Mientras, las directrices de la Unión Europea sobre esta materia conceden un plazo de otros tres años, hasta 2012, para iniciar medidas más drásticas.
En la actualidad, uno de cada cuatro españoles es fumador, hábito que el año pasado generó unos ingresos para el Estado, entre impuestos especiales e IVA, de 9.007 millones de euros. Este año, la caída del consumo impulsó al Gobierno a acometer la mayor subida de impuestos sobre este producto, el pasado junio.

La polémica está servida. Para los no fumadores, por su parte, una buena manera de evitar caer en la tentación puede ser buscar en ww.redrespira.org un establecimiento libre de humos.