Decálogo para iniciarse en las apuestas ‘on line’
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26 enero, 2010El Ejecutivo prepara una orden en la que estudia incluir la posibilidad de trasladar las salas.Tras nueve años autorizados, hoy operan 107 establecimientos en la comunidad aragonesa.
El Gobierno de Aragón está preparando una orden que suspenderá, al menos de forma temporal, la posibilidad de abrir nuevos salones de juego en la comunidad ante la saturación del sector, según explicó el director general de Interior, Javier Artajo.
Estas salas de juego, que pueden explotar, además de las tragaperras clásicas o B-1, máquinas del tipo B-2 –con apuestas y premios más elevados y que pueden ofrecer jugadas interconectadas– y ofrecer hasta cinco plazas para jugar al ciberbingo, han experimentado en los últimos años una proliferación que les ha llevado a saturar el mercado. En la actualidad, operan 107 en la comunidad: 80 en la provincia de Zaragoza –la mayoría en la capital–, 20 en Huesca y 7 en Teruel. «Creemos que 120 salones son más suficientes para cubrir la demanda de juego en Aragón», señaló Artajo, que considera que este tipo de establecimientos tuvo un crecimiento «ordenado» desde su autorización en la Ley del Juego del 2000, aunque ahora «muchos ya no son rentables». En el último año han cerrado trece, todos en Zaragoza.
No obstante, el Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior, que ejerce las competencias en materia de juego, está buscando fórmulas para permitir la redistribución territorial de esos establecimientos en la comunidad. La posibilidad que toma más fuerza es que podrán trasladarse a municipios en los que no opere ningún salón o en los que la oferta no esté saturada.
La dificultad
El problema está en decidir en qué punto se sitúa el nivel de saturación cuando la media de habitantes por local es de 11.800 en Teruel –hay tres–, 8.200 en Alcañiz –con dos– y 5.800 en Ejea –tres– mientras en pequeñas poblaciones el ratio se desploma, caso de Monreal, con uno para 2.744 vecinos.
«Estamos intentando conjugar los intereses de la comunidad (una de cuyas vías de financiación es la Tasa del Juego) y el desarrollo empresarial, pero teniendo muy en cuenta la protección del consumidor», aseguró Artajo. Una de esas medidas protectoras, explicó, es la apertura del Registro de Prohibidos –el listado en el que se inscriben quienes desean que se les impida la entrada a salas de juego– a los salones –aunque no es necesario identificarse para entrar– desde enero del año pasado, además de a los casinos y los bingos.
De entrar en vigor, la moratoria para abrir nuevos salones de juego será la segunda que aplica el Gobierno de Aragón. La primera es la que ahora mismo pesa sobre las tragaperras para bares, vigente desde septiembre del 2008 y que se mantendrá hasta ese mismo mes del 2013: no se pueden instalar aparatos nuevos, aunque sí cambiarlos –reponerlos– si pertenecen a la misma categoría.
Parque
Aragón tiene un parque de 9.524 máquinas de apuestas. Casi nueve de cada diez –8.406– son de tipo B-1, las habituales de los bares. Hay 6.327 en Zaragoza, 1.311 en Huesca y 768 en Teruel.
El parque de este tipo de aparatos apenas ha variado en Aragón en la última década. La Memoria Anual del Juego que elabora el Ministerio del Interior indica que los bares y salas de juego de la comunidad explotaban 8.191 aparatos al cierre del ejercicio de 1999, 8.369 en el 2003 y apenas 200 más –8.588, 182 más que ahora– al terminar el año 2005.
El segundo grupo, con 626, lo integran las de tipo B-2, en las que tanto las apuestas como los premios son mayores. De este modo, permiten optar a bolsas interconectadas, ya sea por sala o entre varios establecimientos, y únicamente pueden instalarse en determinados establecimientos: salones de juego, bingos y casinos. El tercer grupo lo forman las denominadas B-3, basadas en el juego del bingo y que también tienen restringida su utilización a los tres tipos de establecimientos anteriores y permiten las jugadas interconectadas.
El 80% de estas máquinas se encuentran ubicadas en los bingos. Territorialmente se distribuyen entre las 360 de Zaragoza, las 93 de Huesca y las 36 de Teruel. La comunidad aragonesa fue, tras Andalucía, la segunda comunidad en autorizar su explotación.
